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Sucedió lo que ya se veía venir desde hace días. La Cámara de Diputados resolvió en mayoría rechazar el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. La diferencia de votos fue suficiente como para oxigenar a la embretada administración de Sandra Zacarías. Los que no lograron su cometido, ahora cargan contra el Poder Ejecutivo, responsabilizando al presidente Horacio Cartes de haber influenciado en la decisión adoptada por los legisladores coloraros. Los que resultaron “airosos”, se mostraron exultantes y afirmaron salir fortalecidos del conflicto. Pero unos y otros se equivocan. Los primeros, porque el Ejecutivo no tuvo “vela en el entierro”, al punto que referentes del cartismo defendieron posiciones contrapuestas en la sesión de la víspera. Y el “clan Z”, porque tanto el resultado de las últimas elecciones municipales, como el “jaque” permanente en el que se encuentra de entonces a esta parte, revelan que ya no es no es ni la sombra de lo que fue, sino más bien, una fuerza política en fase decadente.
El tratamiento del tema, en sí, fue hasta si se quiere irrelevante. No hubo debate, sino exposiciones de posturas asumidas con antelación, ya sea en bancadas o en términos individuales. Los partidarios de la intervención esgrimieron argumentos bastantes sólidos, pero al final, parafraseando al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, “primó lo político sobre lo jurídico”.
Tal es así que en los alegatos contrarios a que la Municipalidad de CDE sea intervenida, lo que se escuchó reiteradamente fue la necesidad de “respetar la voluntad popular”, que en el pasado mes de diciembre ungió a Sandra como intendente, como si eso significase un cheque en blanco a ser llenado al antojo de ella por el solo hecho de ser electa. Pero además, ese criterio echa por tierra la facultad constitucional de Diputados de intervenir y destituir a cualquier jefe comunal, así como la prerrogativa que hoy tiene el Congreso de poner fin al mandato del presidente de la República, vía juicio político.
Otro tema que subyace a la resolución de la Cámara Baja, en donde “misteriosamente” se ausentaron seis diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), es justamente el interés por “no abrir la caja de pandora”, pues si se hubiera dado curso a la intervención de la comuna esteña, acto seguido se haría lo mismo con 20 o 30 municipios administrados actualmente por intendentes de dicha organización política.
El caso en cuestión sirve para traer a colación un debate que debe realizarse en el marco de la reforma de la Constitución, respecto a la necesidad de instituir la figura de la revocatoria de los mandatos de todos los cargos electivos. Que así como el soberano es el que elige, así también sea el que destituya, cumpliendo lógicamente con todos los requisitos que se establezcan para el efecto.
Esta es la única forma, o mejor, la única arma que tendría el elector para castigar a los que los que se oponen a transparentar sus actos e incurren en mal desempeño de sus funciones, sean intendentes, el presidente de la República o…diputados y senadores; derecho que hoy se reserva exclusivamente a un puñado de parlamentarios, que por lo general son partidarios del “status quo”.
Ahora veremos cuál es el comportamiento de las autoridades municipales de CDE, tanto el Ejecutivo, como la Junta, haciendo votos para que cambien drásticamente de actitud, pues en los últimos siete meses se limitaron a brindar espectáculos circenses, de espaldas a las necesidades de la ciudad y su gente.