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BRASILIA.- Una enorme investigación sobre corrupción, conocida como la Operación “Lava Jato”, ha explotado en las bases del sistema político brasileño. Cuando comenzó el escándalo, en 2014, los investigadores acusaron a miembros del Partido de los Trabajadores, el movimiento del que la presidenta Dilma Rousseff forma parte, de utilizar Petrobras, la petrolera estatal, para intercambiar sobornos por favores políticos.
Ahora la investigación se ha extendido a personajes de todo el espectro político del país, incluyendo a cerca de 50 dirigentes y un puñado de líderes empresariales.
A diferencia de muchos políticos brasileños, Rousseff no es acusada de recibir sobornos ni efectivo a cambio de favores. Sin embargo, hace unos días, la Corte Suprema de Brasil incluyó en la investigación sobre la red de corrupción de Petrobras confesiones de un senador oficialista que involucró a la presidenta Rousseff, a su predecesor Lula da Silva y al vicepresidente Michel Temer. Es además una presidenta débil e impopular.
La economía se ha estancado, en gran parte a causa de la caída mundial de los precios del petróleo y la mala gestión económica de su primer periodo. Se ha visto obligada a recortar el gasto e implementar dolorosas medidas de austeridad. En suma, es un blanco fácil para la ira pública.
Hundir a Rousseff —incluso por cargos que no están relacionados con la investigación inicial sobre corrupción— sería un buen final para la Operación “Lava Jato”: una catarsis de proporciones épicas. También sacaría del escrutinio público a los políticos corruptos de derecha, que son mayoría en el Congreso.
El instigador de esta estrategia es Eduardo Cunha, quien dirige la Cámara Baja de Brasil y ha liderado el proceso de destitución. Sin embargo, él mismo es investigado por cargos de corrupción que incluyen lavado de dinero y sobornos.
Hasta ahora, su estrategia de enturbiar las aguas ha funcionado a la perfección: las maniobras para la destitución continúan y han distraído la atención pública de los problemas legales de Cunha.
No obstante, los miembros del grupo encargado de la Operación “Lava Jato” están preocupados. En una entrevista con BBC Brasil, Deltan Dallagnol, el principal fiscal de la investigación, dijo que temía una ofensiva política posdestitución contra las averiguaciones. Comentó que un cambio de gobierno podría darle poder a los congresistas que también están bajo investigación y podrían “prepararse para ir en contra de la operación” cuando la exposición mediática disminuya y se pierda el interés público.
Muchos analistas también temen que un gobierno dirigido por Temer, el vicepresidente, alcance un acuerdo con otros partidos para desarmar la investigación. Esto podría lograrse si se aprueban leyes que hagan más difíciles las iniciativas anticorrupción o si se remplaza a las personas a cargo de la Policía Federal.
Lejos de ser el comienzo de una nueva era, bien podría ser la forma en que la vieja clase política retome el control del país… y evite la cárcel.
