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Las críticas de los empresarios gasolineros, lejos de intimidar al Poder Ejecutivo y al ministro de Industria y Comercio, reafirmaron las gestiones de fiscalización de calidad y de seguridad de las estaciones de servicios. El ministro Gustavo Leite salió al paso de los cuestionamientos asegurando que cumplirá la Ley y seguirá protegiendo el interés del consumidor. La Dirección de Combustibles entregó un informe de 196 fiscalizaciones de bocas de expendio de con varias irregularidades. Ninguna estación de servicios tiene habilitación para la recarga de gas. La firma Copesa, de Pedro Ballota, no tiene una sola garrafa habilitada y es uno de los empresarios que más cuestiona al gobierno. No habrá concesiones y a fin de mes bajarán los precios del Gas Licuado de Petróleo.
ASUNCIÓN.- Las medidas ejecutadas por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están por cerrar el círculo oligopólico creado por los gremios de empresarios que explotan el rubro de los combustibles. Un nuevo cuestionamiento del sector privado contra Horacio Cartes y Gustavo Leite recibió una vehemente y firme respuesta con resultados de 196 fiscalizaciones que demostraron varias irregularidades.
Pedro Balotta, presidente de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas) y propietario de Copesa, dijo que “el Gobierno es parte del problema y no la solución para el gremio, donde nunca se dio la unidad que tenemos ahora para hacer frente a las arbitrariedades, el populismo y la corrupción en el Ejecutivo”.
Leite no se hizo esperar y en reunión de prensa aclaró que “esto (las fiscalizaciones y control de calidad de garrafas) no es hostigamiento, no es arbitrariedad, esto es hacer nuestro trabajo; está comprobado que estaban en infracción y por eso hay tanto ataque al Ministerio de Industria y Comercio”.
Los empresarios exigen al Ejecutivo la derogación de las disposiciones que reglan el sistema de seguridad en las estaciones de servicio y recipientes de gas bajo una supuesta inconstitucionalidad para privilegiar a Petropar.
Leite lo rechazó y destacó que “ya no vamos a cometer los errores de gobiernos anteriores, y digan lo que quieran, pero no mientan, lamento mucho, pero el carnaval que tenían hasta el 2013 se acabó” y agregó: “lamento mucho que se enojen, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo que dice la Ley, ese es un compromiso del presidente Cartes con la gente y es mi compromiso con el presidente”, apuntó el funcionario.
El negocio de gas está manejado por cinco empresas que acaparan el 98% del total de consumidores bajo un esquema oligopólico que Petropar está a punto de romper con la incursión en el mercado minorista con la venta del producto a menor precio. Paralelamente el MIC realiza constantes fiscalizaciones de las condiciones en las que se vende el GLP en las estaciones de servicios.
“COPESA NO REGISTRÓ UNA SOLA GARRAFA DE GLP”
El presidente de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas), Pedro Ballota, encabeza la serie de críticas contra las medidas que el Gobierno implementa en dos sentidos; abaratamiento de carburantes y control de calidad de recipientes de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Ballota es propietario de la compañía Copesa, distribuidora y comercializadora de gas y está cuestionado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) debido a que no registró, ni habilitó una sola garrafa.
Un informe de la Dirección de Combustibles del MIC explica que se detectó flagrancia de empresas que transgreden las normas de seguridad en el llenado de las garrafas “y de un parque de 1.900.000 envases que circulan, solo fueron controlados y certificados 105.000 y las empresas que comercializan son responsables de estos controles”, dijo Luis Villalba, director del departamento.
Agregó que estas fiscalizaciones son obligatorias, no son voluntarias y están reglamentadas por Decreto del Poder Ejecutivo y dice que “cada garrafa para la circulación en el mercado nacional debe estar empadronado y fecha de rehabilitación impreso en el cuello de cada recipiente”.
De las cinco empresas que manejan el mercado de gas; una de ellas, Copesa, propiedad del señor Pedro Ballota, funciona en forma irregular en cuando al sistema de seguridad. “La empresa que más cuestiona las medidas de control del Ministerio de Industria y Comercio no registró una sola garrafa. No pasó por los controles Copesa; está en falta y es la que más cuestiona; y están los documentos que certifican lo que estamos informando”, aseguró Villalba.
El informe destaca que esta campaña no es fortuita, tampoco es contra una empresa en particular; sí es por la seguridad del consumidor, que debe saber qué está llevando a su domicilio “y siempre prima el interés general”, apuntó Villalba.
