Lunes , noviembre 12 2018
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El respaldo que le fue negado

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Por: Abog.  Jorge Rubén Vasconcellos
Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

Evidentemente formo parte de un escaso grupo de personas que conservan su capacidad de asombro e indignación, por lo menos, respecto a asuntos que nos afectan a todos, de manera directa o indirecta, actual o futura. De lo contrario, resulta incomprensible e inaceptable que los medios de prensa hayan informado que una juez decidió separarse o excusarse de seguir entendiendo en un juicio, denunciando haber recibido inaceptables presiones políticas, sin que nadie haya reaccionado.

La noticia pasó –casi- desapercibida, para los mismos medios de prensa, y para la sociedad, que no se manifestó en las redes sociales. Ni siquiera lo hicieron los más “sensibles” indignados de siempre, y solo la falta de comprensión de la gravedad del hecho, podría explicarlo.

Los políticos, tanto afines al Gobierno, como de la oposición, guardaron absoluto silencio, aunque ello no debiera extrañar a nadie, pues serán los más interesados en evitar el debate sobre este tipo de temas, y las razones están a la vista.

La independencia del Poder Judicial nunca ha sido abordado con seriedad por los actores políticos, quienes se limitan a incluir en sus discursos electorales críticas y promesas de reforma constitucional con el alegado propósito de asegurar a los jueces independencia y autonomía, frente a los demás poderes del Estado, actores y sectores políticos.

En cada campaña electoral, todos los candidatos coinciden en la necesidad de modificar la Constitución para reformar el Poder Judicial, a fin de hacerlo eficiente, honesto e independiente. Pero nada más al día siguiente, tales proclamas y proyectos terminan en el basurero, porque a ningún político interesa modificar el estado actual de la Justicia. Hacerlo sería conspirar contra sus propios intereses.

La dinámica del sistema democrático ha dejado en claro, que la oposición de hoy, puede ser gobierno mañana, y los motivos que hoy tienen para criticar al sistema judicial y a los jueces, serán exactamente los mismos que habrán de servirles (a ellos) en el futuro.

Para ser honestos y objetivos, quienes desde la oposición critican el sometimiento de los jueces al poder político (la mayoría de las veces con razones fundadas), cuando fueron gobiernos, o cuando lo sean, no harán absolutamente nada para corregir la debilidad institucional del Poder Judicial, porque en esas circunstancias, serán ellos los que ejercerán influencia, convirtiéndose en beneficiarios de los ilegítimos métodos que hoy critican.

Cuando se llenan la boca de promesas de “renovación” de Justicia, lo que en realidad plantean y llevan a cabo, es la sustitución de algunos miembros de la Corte Suprema, para asegurar la presencia de leales, que actúen como verdaderos operadores, garantizando resultados satisfactorios.

Resulta claro, que nuestra Administración de Justicia tiene y mantiene una conformación plural, si nos detenemos en los orígenes, vinculaciones y/o simpatía política de sus integrantes, desde la Corte Suprema, hasta el último Juez de Paz, porque mediante un perverso esquema de distribución de cupos partidarios, se ha logrado un débil equilibrio de fuerzas políticas, que permite a dirigentes, caudillos y caciques ejercer influencia sobre los jueces, condicionando sus decisiones, conforme sus voluntades e intereses.

Es por eso que, cuando la juez Laura Ocampos Fernández denuncia que ha sufrido “…fuertes presiones políticas recibidas el pasado fin de semanas…” y se excusa de seguir juzgando un proceso a su cargo, ningún político se asusta o se escandaliza.

Esos mismos políticos que criticaron o defendieron al juez que tramitó el Amparo del gobernador Friedmann, o los que “declararon certeza Constitucional”, no corrieron a solidarizarse con la juez Ocampos, ni siquiera fueron a interiorizarse de los pormenores del hecho para tomar ellos la iniciativa de radicar una denuncia ante el Ministerio Público, que obligue la realización de una investigación y permita el castigo de lo que se presenta como un claro caso de “instigación” (Art. 30 del C.Penal) a la comisión del hecho punible de prevaricato (Art. 305 del C.Penal).

En realidad, si tuviéramos un Ministerio Público que reflejara las mejores virtudes y valores de nuestra sociedad, sería innecesario que alguien denuncie formalmente el hecho. Inmediatamente habría iniciado la investigación, como rutinariamente lo hace con ladrones de gallinas, pero aun así, hubiera sido necesario un gesto o una manifestación de respaldo institucional al sistema judicial, a sus integrantes, y en especial a la juez presionada.

El panorama es -sin embargo- mucho más deprimente y desolador, si procuramos entender la “reacción” de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso la realización inmediata de una auditoría a la causa.

¿Qué pretende la Corte? ¿Acaso una auditoría de gestión judicial puede revelar la existencia de presiones o identificar a su responsable?

No tendría que extrañarnos que la “auditoría” concluya que la Dra. Ocampos es la única responsable de los hechos que denunció, porque, van pasando los días, y la Corte o su presidente, como tampoco los gremios de jueces (menos los de abogados) han emitido -cuando menos- un comunicado manifestando preocupación, o brindando respaldo a la labor judicial. Ni siquiera las tradicionales expresiones de solidaridad mal entendida, complicidad o protección para asegurar impunidad, a las que nos tienen acostumbrados ante las denuncias de ineficacia, ineptitud o venalidad judicial.

Es evidente que no les importa o no les interesa, porque ante el aleve ataque a la independencia del Poder Judicial un juez necesita el respaldo institucional de todo el sistema, incluyendo a los más altos responsables de la administración de justicia, los abogados, y la sociedad; sin embargo, nada de eso ha ocurrido en el caso de la única juez que hasta hoy día ha tenido el coraje de denunciar tan inmoral e ilícita realidad.

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