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Uruguay suspendió la reunión del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), y se dispone a entregar la Presidencia Pro Témpore del bloque a Venezuela a pesar de la férrea oposición de Brasil y Paraguay, con lo que violará normas claras del Tratado, que obliga a que todas las decisiones sean tomadas por consenso. El gobierno de Tabaré Vázquez argumenta que quiere hacer pesar lo “jurídico” sobre lo “político”. Pero ignora el Protocolo de Ushuaia II que establece sanción “en caso de amenaza de ruptura del orden democrático o de una violación del orden constitucional”; una realidad latente en el gobierno de Nicolás Maduro, que no solamente está matando de hambre al pueblo, sino también los reprime.
ASUNCIÓN.- El Protocolo de Ushuaia II, en su artículo primero, establece que se sancionará “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
En ese sentido, el especialista en Política Exterior, el uruguayo Nicolás Albertoni, en el diario El Observador hace mención al argumento “jurídico” del gobierno de su país para justificar su intención de entregar la Presidencia Pro Témpore del Mercosur a Venezuela diciendo: “¿Acaso alguien puede dudar que la democracia en Venezuela está siendo amenazada por el actual gobierno? ¿No es ‘jurídico’ más bien pedirle al actual gobierno de Venezuela que libere los presos políticos, que no impida el referéndum revocatorio y termine con tantos otros atropellos a la democracia del país? Estamos hablando de un país donde la Asamblea Nacional fue limitada en muchas de sus funciones por una Suprema Corte de Justicia que al iniciar el año judicial cantó a viva voz ‘Chávez vive, la lucha sigue y sigue…’ ¿Acaso Venezuela es hoy un país donde hay separación de poderes que respalden los ‘valores y principios democráticos’? Si realmente se quiere actuar sobre “lo jurídico” que no solo se vea una parte de la legalidad sino que su conjunto”.
Brasil y Paraguay se oponen a que Venezuela asuma la Presidencia del bloque porque el gobierno de Nicolás Maduro no respeta los derechos humanos de la ciudadanía y tiene presos políticos. Además, no hay ningún tipo de garantía para los habitantes del país que deben recurrir a la frontera con Colombia para acceder a alimentos y artículos de primera necesidad.
Y este no es el único problema de Venezuela, que en esas condiciones viola la cláusula democrática del bloque. Resulta que ni siquiera es socio pleno ya que jamás firmó los acuerdos fundamentales del Tratado, así que es impensable que pueda llegar a ser presidente, sin haber cumplido con todos los requisitos.
Lo que se comprueba en este conflicto es que el Tratado del Mercosur es letra muerta para algunos miembros del bloque. Venezuela jamás debió haber entrado en el orden de sucesión puesto que ni es miembro pleno ni cumple con la cláusula democrática. Sin embargo, allí está, exigiendo el traspaso con la petulancia que les caracteriza a su presidente Maduro y su canciller Delcy Rodríguez.
Lo más grave es que parece que su desinterés por las normas vigentes es contagioso. Otra de las normas vigentes es que todas las decisiones del bloque deberán tomarse por consenso. Justamente esto es lo que ha dilatado tanto el traspaso de la Presidencia puesto que desde hace meses nuestro país ha dicho que no lo aprobará, causa a la que hace poco se ha sumado también el gobierno de Brasil.
Esto solamente hace que sea imposible que Venezuela pudiera asumir nada. No hay ninguna posibilidad de lograr un consenso, así que el tema no puede ser aprobado. Pero he aquí que Uruguay ha resuelto suspender el encuentro del Grupo Mercado Común (GMC), integrado por los cancilleres y ministros de Economía de los países miembros, previsto para mañana, porque Paraguay y Brasil anunciaron que no asistirán.
Hasta ahí, todo bien. Pero en lugar de dejar las cosas como están, o en buscar una solución alternativa y saltear a Venezuela ya que ni siquiera es miembro pleno, Uruguay pretende entregarle la Presidencia Pro Témpore, concretando una violación clara y contundente al Tratado.
