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Fueron “amos” y “señores” del lucrativo negocio del gas licuado de petróleo durante años; no uno, ni cinco, sino desde que la garrafa desplazó al bracero. A lo largo de todo ese periodo se asignaron para sí inmorales márgenes de ganancias, robando en forma descarada a los consumidores. Y ahora que Petropar le dijo basta a ese monopolio, ofertando el producto a precios muy inferiores, y que se les exige cumplir con las normas establecidas, como el debido empadronamiento de los envases con sus respectivas fechas de vencimiento, los descarados amenazaron con desabastecer el mercado del estratégico carburante, de primerísima importancia para toda la población y un sinfín de empresas. Hablamos de las inescrupulosas Cámara Paraguaya del Gas (CAPAGAS) y de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios (APESA), cuyos directivos, lejos de comportarse como empresarios que trabajan en el marco de la libre competencia, lo hacen como mafiosos que integran un “cartel” dispuestos a todo, con tal de mantener sus inaceptables privilegios.
Frente a semejante amenaza, el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), respondió de la única forma que corresponde, advirtiendo a los chantajistas que dispone de las herramientas legales para proteger al consumidor y que los emblemas u operadoras que concretaran la amenaza serán pasibles de sanciones que van, desde multa, hasta la inhabilitación.
El “relinche” de CAPAGAS y APESA ante la comunicación de que deben proceder al empadronamiento de las garrafas, para cualquiera puede resultar llamativo y hasta inexplicable. Entendemos que lo hagan porque sus asociados venden el kilo de GLP a 6.500, 7.000 y algunos a 8.000 guaraníes el kilo, mientras que la tarifa de Petropar es de solo 5.000, lo que les obligará a ir bajando sus precios progresivamente. Pero, ¿por qué tanto recelo a informar sobre cuántas garrafas poseen y cuál es la fecha de vencimiento de todas ellas?
En la respuesta descubriremos otra faceta del tenebroso actuar el “cartel del combustible”, ya no solo a costa del bolsillo del consumidor, sino también de su seguridad. En efecto, desde tiempos remotos los emblemas compran las garrafas de la Argentina, pero anote esto, las que ya salieron de circulación por alcanzar la fecha de vencimiento, a valor de chatarra. Luego las pintan, ocultando el dato de que ya se hallan vencidas, para así introducirlas a nuestro mercado, con todos los riesgos que eso supone.
Esta es la verdad de los hechos. Ni más, ni menos. Sin embargo, no faltan los políticos e incluso periodistas que, en su obsesión enfermiza por dejar mal parado al gobierno, salieron a repetir el discurso mentiroso de ambos gremios, aunque eso esté de contramano a los intereses de millones de paraguayos.
“Que Petropar miente con sus costos”. “Que la estatal en realidad subsidia el gas con nuestro dinero”. “Que los desaciertos del Ejecutivo en esta materia hizo que por vez primera se unieran todos los emblemas y operadores para poner freno a las arbitrariedades”, etcétera, etcétera. Por supuesto, son frases que pronuncian a los cuatro vientos pero sin avalar con números nada de lo que afirman, además de falsearla historia, porque siempre fueron cuatro o cinco emblemas los que tuvieron el monopolio del gas, ahora en franca decadencia.
Independientemente de nuestras simpatías o antipatías políticas, los paraguayos debemos juzgar los actos del gobierno en función al interés general de la población y, cuando son beneficiosos para ésta, como en el caso en cuestión, respaldarlos sin dobleces.
Que la campaña “ÑandeGas” a 5.000 el kilo, lanzada por Petropar recientemente, no se detenga por un instante y que las 25 estaciones de servicio que adherirána ella para fin de mes se transformen pronto en 100 y 200, para bienestar de nuestra gente, en especial de los más humildes, sin transigir en lo más mínimo frente a estos embaucadores y chantajistas.