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ASUNCIÓN.- Las acciones decididas por senadores de oposición y de la disidencia colorada se encuadran en la calificación de “terrorismo contra la economía”, calificación emitida por Santiago Peña, ministro de Hacienda.
Sube de tono la campaña de la oposición y de los colorados disidentes en su intención de desacreditar la elevada calificación internacional de Paraguay. De la mano de los senadores Desirée Masi y Mario Abdo Benítez se encargarán de enviar mensajes negativos a organismos internacionales y posibles compradores de bonos que vaya a emitir el gobierno en marzo próximo.
Daniel Correa, ex viceministro de Economía, dijo que desatar este debate es innecesario “y esta situación podría haberse evitado y no generar incertidumbre sobre esta operación que para la trayectoria de crecimiento proyectado resulta de suma importancia para nosotros como país”.
La pretensión de los senadores mencionados es doblegar al Poder Ejecutivo y obligarlos a negociar la conformidad de la Cámara Alta a fin de la colocación de los papeles. De hecho, Abdo Benítez dijo que “tenemos la información de que incluso quieren emitir ya este próximo 27 de febrero, pero esa emisión necesita ser aprobada por el Congreso o si no serían bonos basura, por no contar con respaldo legal constitucional”, y agregó que están abiertos a negociar con el Ejecutivo la aprobación.
Solo el grupo de senadores de la oposición y disidentes avalan una supuesta ilegalidad, enfrente el gobierno, la Cámara de Diputados, analistas y expertos independientes, e ministros de Hacienda y organismos internacionales coinciden que la emisión tiene respaldo legal y constitucional.
Santiago Peña, ministro de Hacienda, explicó que “de acuerdo a la institución del Estado la emisión de bonos es una fuente de financiamiento del presupuesto vigente, que el Congreso Nacional autorizó expresamente y que se encuentra a la fecha en plena ejecución. Por lo tanto, se encuentra plenamente vigente en el presente ejercicio fiscal”.
En el mismo sentido expresó Manuel Ferreira Brusquetti, exministro de Hacienda: “el presidente Horacio Cartes no necesita de la aprobación del Parlamento para colocar los bonos soberanos, porque en este ejercicio fiscal rige el Presupuesto General de la Nación del 2016, donde ya se establecieron las deudas. Legalmente está autorizado el uso de bonos y creo que se equivocan los disidentes y opositores al pensar lo contrario”.
El gobierno presupuestó la emisión de US$318 millones en bonos para el pago de deudas asumidas por gobiernos anteriores y para continuar con la inversión en proyectos de infraestructura.
Una situación bastante similar ocurrió con el crédito de US$ 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto se trabó por más de un mes en el Senado y arriesgó la paralización de obras en ejecución y la pérdida de al menos 50.000 empleos, además de inversiones indirectas.
