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El juez Gustavo Amarilla se inhibió de la causa en la que está imputado el ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, por prevaricato. Dijo tener causales para hacerlo pues fue el magistrado del caso que originó la denuncia. A pesar de ello, se teme que haya una cadena de inhibiciones pues este proceso es una pelota tata para los jueces.
ASUNCIÓN.- Amarilla se inhibió porque fue el juez que elevó a juicio oral la causa en contra de Peter Kennedy, quien fue el que denunció al ministro Blanco y al exministro Víctor Núñez por prevaricato.
El Código Procesal Penal dice que “ninguna persona que haya intervenido en un proceso en forma anterior en algunas de las circunstancias previstas en el código, puede con independencia e imparcialidad juzgar algo nuevo en relación a la causa”. Por lo tanto, Amarilla tenía suficientes causales para inhibirse.
Sin embargo, recordemos que la imputación a un ministro de la Corte en ejercicio es inédita e histórica, ya que tanto los fiscales como los magistrados judiciales son dependientes de las máximas autoridades judiciales.
Cuando los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández, Luis Piñanez y José Dos Santos decidieron tomar esta acción, imaginamos que sabían que todo el tema no sería sencillo puesto que necesariamente se deberán enfrentar con todo el aparato del Poder Judicial, puesto que son varios los ministros que tienen denuncias por prevaricato en diferentes casos. Y ahora que uno fue imputado, cerrarán filas para protegerse entre ellos.
Así que es muy probable que haya una cadena de inhibiciones, ya que para los jueces será como intentar poner el cascabel al gato. Muy pocos deben ser los dispuestos a enfrentar las presiones que surgirán en este caso.
En una entrevista radial, Amarilla comentó lo que dispone la ley y dijo que “mal podría (yo) estar juzgando circunstancias que pasaron en un expediente donde fui magistrado en primera instancia”.
Al cierre de nuestra edición no se conocía aún el nombre del juez que resultó elegido por sorteo para entender en el expediente.
Jueces se “enlutan” a favor de la impunidad de Sindulfo
Jueces del Alto Paraná se enlutaron ayer, al utilizar cinta negra, para repudiar la imputación del ministro Sindulfo Blanco, quien es superintendente de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná. El hecho fue calificado de patético y “el colmo” por algunos abogados de la zona. Blanco, quien fue procesado por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto hecho punible de prevaricato, tiene varios cuestionamientos como superintendente de la región.
Muchos abogados lo sindican de formar parte de un esquema, con magistrados de la región, para dictar resoluciones judiciales amañadas.
A través de un comunicado, los magistrados calificaron como “grave atentado contra la independencia del Poder Judicial” la determinación del Ministerio Público de procesar al ministro por el presunto ilícito.
El delito por el cual fue procesado Blanco data de diciembre del año 2014, oportunidad en que el mismo junto con el entonces ministro Víctor Núnez admitieron un recurso extraordinario de casación contra un fallo del Tribunal de Apelación que anuló una sentencia de primera instancia y ordenó la realización de otro juicio por un caso de apropiación.
Los fiscales sostuvieron que Blanco y Núñez admitieron ilegalmente el recurso extraordinario de casación que solo procede contra resolución judicial que ponga fin a un proceso o juicio. Los agentes del Ministerio Público también incluyeron en el mismo expediente a Víctor Núñez y piden que se le imponga una fianza de G. 100 millones.
POSTURA DEL GREMIO DE ABOGADOS
En horas de la noche, el Colegio de Abogados del Alto Paraná, lanzó un comunicado repudiando la actitud de los magistrados, que consideraron como una “sensible distorsión de la comprensión y por ende el respeto a la responsabilidad que tienen y recae en los magistrados…sustraen al Poder Judicial de su excelso rol de impartir Justicia, desde un estado de absoluta independencia y equidistancia a otras instituciones y ciudadanos comunes. La sociedad corre el riesgo de perder a la institución a que está destinada a acudir para reclamar Justicia, porque es esta misma la que ahora reclama Justicia: la paradoja es cruel e inaceptable”. Resaltan el total desconocimiento de las normativas de estos magistrados, que “exponen por ejemplo, que con la imputación el Ministerio Público los están enjuiciando (por Blanco), olvidando que el representante de la ciudadanía apenas ejerce el rol de investigador y acusador sobre los hechos punibles que llegan a su conocimiento…”.
