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ASUNCIÓN. El tratamiento del proyecto de Ley conocido como “Ñande Energía”, que establece las tarifas diferenciadas, es hoy tarea para el Senado. Sin embargo, se “enfrió” un poco el tema cuando el ingeniero Pedro Ferreira, titular de la ANDE, señaló que el proyecto es inviable para el ente estatal. Y argumentó que la entidad aún no se cuenta con los fondos que subsidiarán las tarifas diferenciadas ni con los medidores especiales requeridos para la medición del consumo.
De igual manera, se informó que en breve se tratará en la Cámara de Senadores, tras la aprobación de la Cámara de Diputados.
Ferreira manifestó que las modificaciones introducidas en comisión en la Cámara Baja, se ajustan un poco más a los parámetros para su futura aplicación, que la propuesta aprobada en primera instancia por los senadores.
Dijo que es una preocupación en lo que hace a los fondos que serán destinados para el subsidio, que deberán ser proveídos por las dos empresas binacionales y que dependerá en gran medida, de la aprobación de los consejeros tanto de Brasil en Itaipú, como de Yacyretá en Argentina.
Entiende Ferreira, que ellos deberán aprobar en desmedro de sus propios compatriotas, que no cuentan con los mismos beneficios que aportaría la ley, de ser promulgada.
“Se le obliga por ley a la ANDE a hacer el descuento, sin tener aún el dinero y eso pondría en riesgo a la institución. No se puede legislar desde un ámbito nacional, en dos instancias binacionales. No creo que se pueda obligar a las binacionales a subsidiar, no solamente al que necesita, al pobre paraguayo, sino también a la clase alta, ya que beneficiaría a un 90% de la población, por lo que parece más una propuesta electoral que una ley que beneficie a la clase más necesitada, y eso nos preocupa”, manifestó el presidente Pedro Ferreira.
Por otra parte, relató que la propuesta legislativa establece un periodo máximo de 3 años, a partir de la recepción de los fondos de las binacionales, para su total implementación y la inmediata eliminación de los medidores “defectuosos, o de mala calidad”. Ellos deberán ser remplazados por nuevos medidores “de tecnologías confiables” que garanticen al usuario el control del consumo y la correcta facturación. Asimismo, dispone la transferencia anual de los fondos sociales de las binacionales, de un monto no menor a USD 150.000.000.
