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ASUNCIÓN.- Los nuevos contratados de la Justicia Electoral no han cobrado sus salarios desde que empezaron a trabajar, hace tres meses. Las permanentes denuncias y los reiterados escándalos que tienen a los miembros del TSJE como protagonistas hacen que todos sus actos estén bajo sospecha de irregularidades y quienes se ven afectados son precisamente los funcionarios que nada tienen que ver con los entuertos.
A pesar de las denuncias en contra de sus miembros, el Tribunal Superior de Justicia Electoral siguió haciendo contrataciones a diestra y siniestra. Muchos de estos funcionarios cumplen con su trabajo, pero la sospecha sobre los actos de quienes manejan la institución es tan grande, que el Ministerio de Hacienda ha puesto bajo la lupa todos sus actos.
Mientras el Parlamento y la Justicia se pasan la pelota para ver quién le pone el cascabel al gato para juzgar y separar del cargo a los miembros del TJSE, Alberto Ramírez Zambonini, Jaime Bestard y María Elena Wapenka, los únicos perjudicados son quienes han sido contratados para cumplir con alguna función específica dentro de la institución.
Lo cierto es que los contratados a principios de año siguen sin cobrar su salario desde hace tres meses, lo que da la pauta de que las actuaciones de estos personajes siguen perjudicando a la institución que manejan con tanto descontrol.
Aunque nadie haya decidido tomar cartas en el asunto, la sospecha ha cundido en las instituciones públicas y nadie parece tener nada que ver con la posibilidad de convertirse en cómplice de los entuertos avalando los nuevos actos del TSJE.
Es por eso que los legajos de los nuevos contratados en la Justicia Electoral han sido archivados en Hacienda, a la espera de que alguien aceptara asumir alguna responsabilidad en las acciones de esta gente, que despiertan todo tipo de sospecha.
Son más o menos 300 los nuevos contratados en la Justicia Electoral, lo cual, de por sí, ya demuestra la extrema caradurez de quienes manejan a su antojo los designios de la institución, puesto que al estar investigados justamente por el exceso de funcionarios, lo mínimo que hubieran hecho era dejar de contratar gente.
Pero allí están los 300, y aunque debe haber muchos que no son más que planilleros que responden a cupos de sectores políticos, hay gente que trabaja y cumple con sus obligaciones, y no cobra, porque sus jefes son sospechosos de ser delincuentes y nadie quiere ya tener que ver con ellos.
Ahora también hay “mucamas de oro”
Choferes, personal de limpieza, chongas, cualquier distracción que necesiten los miembros del TSJE es mantenida por las arcas del Estado.
Las empleadas domésticas de María Elena Wapenka en su casa de Encarnación figuran como funcionarias de la oficina local de la Justicia Electoral. Esto de que el personal de servicio de los manguruyuses sea mantenido por el Estado, por lo visto, es una práctica común en varias instituciones.
Primero fue la niñera de oro del senador Víctor Bogado, después vinieron los caseros del diputado José María Ibañez, quienes figuraban como funcionarios del Congreso. Ambos legisladores fueron imputados por el hecho, el que también le costó el puesto a la excontralora Nancy Torreblanca.
Así que Wapenka se enfrenta a otra posible imputación por tener mucamas mantenidas por el Estado. Pero no es ella la única, ya que Alberto Ramírez Zambonini y Jaime Bestard también tienen empleados personales a cargo del Estado.
Las mucamas de oro de Wapenka viven en su casa y parece ser que realizan algunas tareas en el local de la Justicia Electoral, pero su trabajo principal es para “la jefa” de manera particular. Eso sí, ella no les paga, deja que lo hagamos nosotros a través de las arcas públicas.
