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ASUNCIÓN.- El abogado constitucionalista, Emilio Camacho, manifestó ese martes que el proyecto de enmienda es delicado y se debe tener cuidado para discutir sobre el tema. A su criterio, cambiar el rol de las Fuerzas Armadas puede ser un elemento distractor o definitivamente puede haber una intención de militarizar áreas claves del Gobierno.
“Se dan dos cosas, un elemento distractor en medio de muchos errores que comete el Gobierno para que la sociedad debata este tema, no sabemos cuánto va a durar y ahí ya nos han mantenido ocupados. La otra opción es militarizar áreas claves del Gobierno, hay que tomar con mucha prudencia este tema”, dijo Camacho en comunicación con la 970 AM.
Sostuvo que no se sabe el contenido del proyecto y la idea de militarizar la seguridad interna del país es un tema preocupante y se debe tener cuidado porque la misión de las Fuerzas Armadas no puede ser genérica. Señaló que están para defender el territorio nacional y a las autoridades legítimamente constituidas.
Indicó que la forma de plantear del Poder Ejecutivo no es la correcta ya que debe explicar la intención, cosa que hasta el momento no lo hizo. El abogado constitucionalista dejó en claro que la Policía Nacional tiene la función de mantener el orden público y las Fuerzas Armadas defender el territorio nacional.
“La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas policiales y militares. Las fuerzas policiales tienen a su cargo garantizar el orden público legalmente establecido, por eso es que la policía investiga los delitos. Las Fuerzas Armadas tienen exclusivamente custodiar el territorio y las autoridades legítimamente constituidas”, agregó.
Explicó que está previsto en la Constitución un estado de excepción en caso de ser necesario, pero “más de eso nada” y en el derecho ordinario no existe ninguna ley que convierte a las Fuerzas Armadas en organismo de investigación.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pretende una enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas se involucren en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. La iniciativa tiene un rechazo generalizado y muchos coinciden que no habría votos para aprobar en el Parlamento.
