No hubo caso. Ni las repudiables declaraciones en su defensa por parte del vicepresidente de la República, ni la “presunción de inocencia” alegada por sus colegas de bancada, ni la maniobra para evitar que la comisión que preside dictamine al respecto, ni la manifiesta connivencia por parte de la Mesa Directiva y los líderes de bancada. El diputado Añetete, Ulises Quintana, ya no tiene fueros y en horas más deberá guardar prisión preventiva en algún centro penitenciario, a pedido del ministerio público, que lo sindica como cómplice del presunto jefe narco Reinaldo “Cucho” Cabaña, detenido hace una semana durante el mega operativo de la Senad realizado en Ciudad del Este.
Los 75 votos a favor del desafuero parecieran reflejar la firme voluntad política de la Cámara Baja para que uno de sus miembros sea sometido a la Justicia, en un hecho hasta ahora inédito. Pero la verdad es otra. Lo hicieron a regañadientes, porque no les quedaba ninguna otra alternativa, más que el repudio del que inexorablemente iban a ser objeto por parte de vastos sectores ciudadanos, así como de los medios de prensa, algunos de los cuales, como ABC color, también se subieron al tren en el último minuto.
Los argumentos expuestos por los diputados que hicieron uso de palabra, en la mayoría de los casos, fue “de terror”. Katya González y Rocío Vallejo apuntaron directamente contra la Fiscalía y el ambiente del plenario realizado ayer se asemejaba mucho al de un velorio, tal vez preanunciando la muerte o al menos la agonía de la discrecionalidad y la impunidad con la que siempre se manejaron los integrantes del cuerpo legislativo.
En otras palabras, el objetivo de proteger a Quintana fracasó y lo hizo de manera estrepitosa. Al parecer, en ámbitos palaciegos terminaron calando las pocas voces públicas que señalaban la gravedad del tema en cuestión y que alertaban sobre las consecuencias políticas no menos graves para el gobierno, en caso de actuar como encubridor. Y es que el miedo, a veces, es un buen consejero.
Quintana, como es de esperar en casos como este, se declaró inocente, dijo no tener garantías y dio a entender que existían “oscuros intereses políticos” que provocaron su imputación y desafuero, aunque sin brindar ningún dato que avale sus afirmaciones. Nada nuevo bajo el sol. Es el recurso de siempre de los altos funcionarios cuando les llega el turno de ser medidos por la vara de la Justicia.
Sin embargo, no estaría demás darle la razón cuando pide que se le otorguen sus legítimos derechos como a cualquier ciudadano de la República. Así debe ser con él, con “Chucho” o la inmensa cantidad de ladrones de gallina que abundan en los reclusorios sin gozar de tales garantías.
Lo dispuesto ayer por la Cámara de Diputados es una bocanada de oxígeno, para un ambiente tan densamente contaminado por el aroma nauseabundo de la corrupción política, que también tiene su correlato en esferas privadas, aunque en nuestro país ésta todavía no hizo explosión.
De todas formas, esta historia recién comienza. Ahora sobreviene el desarrollo de las investigaciones, la prisión preventiva del diputado y la pérdida de investidura cuando eso se produzca; todo eso, en el marco de un sinnúmero de presiones de las más variadas índoles, que son de esperar en un país como el nuestro, en donde el cáncer del crimen organizado está enquistado en los tres poderes del Estado.
Este inicio de camino nos obliga a todos, incluyendo por supuesto a la prensa, a proceder con pies de plomo, a formular acusaciones serias, fundadas en hechos demostrables y no, como hasta ahora pretendían algunos y probablemente sigan pretendiendo, usar a la Justicia o a las mayorías que detentan en el Congreso como un garrotes al servicio de sus intereses políticos sectoriales o para desplegar una horrenda “caza de brujas” que, en lugar de aproximarnos al fin de la impunidad, nos alejaría.
Hacemos nuestras las palabras del senador Enrique Riera: Paraguay necesita su propio “Lava Jato”, o tal vez ya lo tenemos, pero no lo notamos por el hecho de estar apenas en sus primeros tramos.