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El escándalo que se desató en Petróleos Paraguayos (Petropar) con las transferencias de fondos millonarios a entidades bancarias privadas, podría ser el presagio de una nueva desastrosa gestión. Hasta el momento, existe un silencio del Gobierno con relación a las denuncias. Pero desde el Legislativo exigen aclaraciones. La Cámara de Diputados solicitó informes sobre lo que está ocurriendo y debe haber una respuesta antes de fin de mes. Igualmente, en el Senado se indicó que la responsable de la empresa estatal, Patricia Samudio, debe responder sobre las acusaciones contra la misma.
ASUNCIÓN. Suman las evidencias sobre el escándalo de la transferencia de fondos millonarios de Petropar a entidades bancarias privadas. El dinero público debe ser depositado en el Banco Nacional de Fomento (BNF), como estable la norma legal vigente.
A la par que surgen los documentos que cada vez más comprometen a la titular del ente estatal, Patricia Sumudio, también ya existen las primeras víctimas. El ahora gerente financiero de la petrolera, Luis Gómez, se opuso a las operaciones por considerarla ilegal y fue destituido.
Hasta el momento, el gobierno se mantiene en silencio con relación a las denuncias documentadas que se publican en los medios de comunicación.
En el Congreso Nacional se hicieron eco de las denuncias y piden explicaciones sobre el escándalo. El diputado liberal Edgar Acosta presentó un pedido de informe que fue aprobado por el plenario. La titular de la empresa estatal debe responder a los requerimientos antes que termine el mes de octubre, de acuerdo a lo que resolvieron los legisladores.
En la Cámara Alta, el senador Enrique Riera anunció que van a pedir informes sobre lo que está pasando en Petropar. El legislador Antonio Barrios criticó la pésima administración que está realizando Samudio y dijo que todo lo bueno que se hizo allí en el anterior gobierno es destruido.
Sin duda, la actual gestión en la empresa estatal quiere emular a las desastrosas gestiones que se tuvo allí antes del gobierno del presidente Horacio Cartes. Sin duda, el escándalo de las transferencias de fondos ya es una muestra de lo que se viene, de seguir los mismos administradores.
Los últimos documentos dan cuenta que el pasado 4 de setiembre, la titular de Petropar dispuso la transferencia de cerca de 20 millones de dólares que estaban en varios bancos en uno solo.
Según la nota interna de Petropar, de fecha 4 de setiembre, y que lleva la firma de Samudio dando su visto bueno, en la operación se autorizó el retiro de fondos de Sudameris (US$ 3 millones), Citibank (US$ 3 millones), BBVA (US$ 14 millones) e Itaú (US$ 10 millones), un total de US$ 30 millones, de los cuales US$ 20 millones fueron para GNB y los restantes US$ 10 millones para Basa (este banco respondió a Petropar que revise su decisión porque la operación violaba una ley).
El pedido de Samudio fue transferir US$ 20 millones al GNB, pero el Citibank no realizó la transferencia y finalmente el monto cedido fue de US$ 17 millones, más los US$ 1,5 millones que ya estaban en el banco, totalizando US$ 18,5 millones.
La petrolera estatal siempre operó con otros bancos para el pago a proveedores internacionales (Citibank, BBVA e Itaú) por el sistema electrónico de avanzada, del que disponen estas entidades bancarias.
Petropar posee cuentas corrientes en casi todos los bancos de plaza a fin de facilitar el pago a sus clientes. Es decir, cada cliente que tiene la petrolera (distribuidores, operadores, etc.) opera con distintos bancos y van realizando sus pagos depositando el dinero en esas entidades.
A partir del 2016, con la nueva disposición vía ley de presupuesto y decreto presidencial, que establece que todas las instituciones del Estado (excepto el IPS) deben depositar sus recursos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), lo que hace Petropar es retirar esos recursos de los diferentes bancos donde sus clientes realizan sus pagos y transferirlos al BNF.
