ADN Digital
Cuesta mucho hablar de este tema porque la sensación popular es que, al hacerlo, uno está a favor de la corrupción y la impunidad. Nada más lejos que eso. Desde estas páginas siempre hemos dicho que existe una necesidad urgente de que los delincuentes sean castigados con todo el rigor que la ley establece, pero siempre dentro del marco de la institucionalidad.
En todo caso, nuestro pecado sería el de ser institucionalistas, porque consideramos que si existe un marco jurídico, hay que respetarlo. Y si no estamos de acuerdo con él, pues existen los mecanismos establecidos para cambiarlo. Pero mientras esté vigente, no es posible desobedecerle sin cometer un delito.
Volviendo al tema que nos ocupa, lo que muchos consideran el triunfo ciudadano que consiguió la renuncia de Jorge Oviedo Matto a su banca de la Cámara de Senadores; el tercero en dos meses. La línea que separa a un grupo de ciudadanos indignados y a una horda de patoteros es muy delgada, pero debe ser respetada a rajatabla si se pretende que los logros de la lucha sean legales y legítimos.
Lamentablemente, los escrachadores soliviantados por el diario ABC han traspasado esa línea y ahora, más que ciudadanos indignados, parecen santos inquisidores que persiguen de manera descontrolada a cualquiera que el diario señale.
Nadie cree que los perseguidos sean blancas palomas ni que no tengan cuentas pendientes que pagar con la Justicia. Es más, estamos convencidos de que los corruptos o sospechosos de ser tales, deben ser juzgados y condenados, pero por la Justicia, y tienen que ser todos, no solamente un puñado al que la familia Zuccolillo tenga entre ceja y ceja.
Pero esto de que ahora una turba entre a la fuerza en un tribunal para escrachar a un procesado y a sus defensores, y presionar al magistrado para que dicte sentencia de acuerdo a sus intereses, es de terror. Ahora resulta que el problema no van a ser nomás los corruptos en los cargos de poder, sino también los descontrolados que pretenden hacer Justicia por sus propias manos, pero una Justicia que tiene la intención de beneficiar al negocio de la “familia”.
Y allí está el fondo de la cuestión. Cuando un grupo de ciudadanos indignados se convierten en inquisidores, pretendiendo reemplazar a los poderes del Estado y los órganos jurisdiccionales, dejaremos de estar a un paso del abismo, como hace siglos, y caeremos en uno bien profundo y de salida casi imposible.
Toda lucha y reclamo ciudadano debe estar siempre dentro del marco de las leyes vigentes, porque es la única forma de que tengan legitimidad de origen. Pero cuando obedecen a cuestiones personales o intereses empresariales de grupos de un inmenso poder económico, lo que hace este grupo, que piensa estar cambiando el país, es salir de un sistema corrupto para meterse en otro mucho más negro y abusivo. Y eso es algo que deberíamos evitar a toda costa.
En nuestro país hay un marco jurídico que indica los pasos a seguir para castigar a los delincuentes. Si no se cumplen sus normas no es porque el marco no funcione sino porque quienes deben aplicarlo son incapaces o venales. Hay que cambiarlos, pero siempre de acuerdo a la ley. De lo contrario, caeremos en una dictadura de oportunistas y aprovechadores que utilizan al pueblo como carne de cañón.