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En nuestro país es ya casi común que ciertos sectores políticos -y de la prensa- aplaudan las sentencias judiciales y a los organismos que las dictan, si les beneficia, sea directa o indirectamente. Y también es moneda corriente que condenen ciertos fallos que no son de su agrado, pero mucho más grave, que los incumplan, los declaren “nulos” y ellos mismos impongan lo que debe hacerse, a cambio de lo resuelto por los organismos jurisdiccionales.
Los ejemplos abundan. Ayer nomás, para no ir lejos, veíamos en todos los medios gráficos cómo algunos aplaudían a los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por anular la condena que pesaba sobre 11 campesinos del “Caso Curuguaty” y ordenar la inmediata libertad de los mismos. Exponentes del Frente Guasu y de otras formaciones celebraban lo que calificaban un acto de Justicia. Éste, para ellos, fue “un fallo histórico”, que enmendaba los errores cometidos a lo largo del proceso, afirmaron y, en consecuencia, debía ser respetado con todo rigor, como de hecho nadie puso en duda, ya que los labriegos fueron liberados de inmediato.
Ahora bien, los mismos que en este tema saludaron a los magistrados y se arrodillaron ante el fallo en cuestión, hace tres semanas denostaban contra ellos, desconocían una sentencia del máximo tribunal, la declararon “nula” e hicieron lo que quisieron fuera del ordenamiento institucional de la República, como, por ejemplo, designar a dos senadores “mau” que no fueron electos ni proclamados por el TSJE; única autoridad facultada por la Constitución Nacional en esta materia.
Nos referimos a los senadores del Frente Guasu, de partidos menores como los de Desirée, a pertenecientes a las filas del liberalismo y, en ese caso, del “abdismo”, casi en su totalidad; respaldados por una intensa campaña mediática desplegada por ABC Color y secundada por los medios del Grupo Vierci.
Estos habían “resuelto” que no tenía ningún valor lo dispuesto por la Corte Suprema, al habilitar a Horacio Cartes y Nicanor Duarte para pugnar por una banca en la Cámara Alta, como tampoco los electores, al darle sus votos, ni el Tribunal Superior de Justicia Electoral, al proclamarlos como senadores nacionales.
Desde luego, no existe ninguna figura en nuestro ordenamiento jurídico, ningún artículo de la Constitución, ni del Código Electoral, ni nada que suene a “derecho”, que les permita obrar de esa manera. Pero lo hicieron, con Fernando Lugo, entonces presidente del Senado, como el sicario, el autor material del alevoso crimen y, los demás, tanto senadores como dueños de diarios y de canales, como responsables morales de semejante atropello.
En síntesis, ellos deciden cuándo ovacionar y acatar lo que resuelve la Justicia, y también ellos definen cuándo hacer lo opuesto, es decir, condenarla a la hoguera, incumplir lo que dispone e imponer lo que se les antoja.
Demás está decir que así no funciona un Estado de Derecho y que estas prácticas resultan nefastas en sentido estricto, pues ocasionan un daño irreparable a nuestro sistema institucional y abren las puertas, de par en par, al caos jurídico en la República.
Las opciones no son muchas. O restauramos plenamente el Estado de Derecho, lo que comienza por algo tan básico como acatar lo resuelto por los órganos competentes, en la materia que fuere, nos guste o nos disguste, o marchamos directo hacia una situación anárquica, regida por la ley de la selva, del más fuerte, del “mbarete”.
La primera, es el cimiento para edificar una sólida democracia, estable y duradera. La segunda, que Dios nos libre de ella, sería un pase directo a confrontaciones de todo tipo e intensidades, que nos convertiría en una pobre republiqueta.