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Este era “el plan”

Como decíamos ayer, la política, en nuestro país, está completamente desquiciada. El partido que ganó las elecciones se divide un mes y medio antes de que el presidente electo asuma sus funciones. Y más insólito aún, la ruptura es provocada por los que tomarán las riendas del poder, lo que termina de confundir a cualquier observador. Sin embargo, escarbando un poco encontraremos que el proyecto de Abdo Benítez y compañía nunca fue reunificar al coloradismo, ni apoyarse en la alianza con el movimiento que lidera Horacio Cartes para darle estabilidad a su gestión, como indicaba la lógica. A éste lo usó para ganar los comicios y, una vez logrado el objetivo, retomó su plan original: Gobernar con los peores enemigos de la ANR, como Efraín Alegre, Desirée Masi y otros,  lo que bien puede caracterizarse como un acto de deslealtad sin precedentes en la etapa democrática. O para ponerlo más claramente, como la traición más descarada de los últimos tiempos.

Desde ADN ya lo veníamos alertando y los lectores pueden corroborarlo. Lo hicimos a través de varios editoriales, como los publicados el pasado 29 de mayo (Escenario incierto), el 31 de mayo (Mario Pilato) y el 1 de junio (Hablemos claro), entre otros. En ellos preguntábamos a qué estaba jugando Marito, al hacerse el “desentendido” respecto a la postura de sus senadores de rechazar el juramento de HC como senador activo; advertíamos sobre la falta de honestidad política por parte del presidente electo y señalamos con toda claridad que a éste no le preocupaba en lo más mínimo dinamitar la alianza con el “cartismo”, porque estaba “tejiendo acuerdos con el oficialismo liberal y otras fuerzas menores en el Congreso, con los que antes compartió ‘trincheras’ en el Senado para boicotear los proyectos del Ejecutivo”.

Lamentamos haber tenido razón. Ahora nos vemos en la obligación de hacer otra alerta: La profunda crisis que se desató en el partido político más importante del país tendrá graves consecuencias nacionales, que solo pueden ignorar los necios y aquellos que están mareados con las burbujas del poder, ya antes de hacerse cargo del mismo.

No somos tremendistas. Lo que ocurre es que la división en la ANR no es fruto de simples desacuerdos políticos, que puedan ser más o menos importantes, como sucede con frecuencia  en cualquier organización política. No. El problema es que la ruptura tiene como causa, además del incumplimiento de la palabra empeñada, el salvaje atropello a la institucionalidad de la República y el desconocimiento de la voluntad popular, lo que inexorablemente generará muy altos costos, como lo atestigua nuestra historia política.

Aquí la cuestión trasciende por lejos el nombre de Horacio Cartes, quien desde luego tiene un peso específico como líder de una de las principales corrientes de la ANR y lo seguirá teniendo, aunque una banda de idiotas piense que así lo borrarán del escenario.  La cuestión es que, al no poder derrotarlo en las urnas, sus enemigos, ahora con el rostro descubierto, sin caretas, decidieron desacatar expresas disposiciones de la Corte Suprema de Justicia e ignorar el resultado de las urnas.

En otras palabras, abrieron las puertas al caos jurídico e institucional, al decir del profesor Juan Carlos Mendonca, al “vale todo”, a la “ley del mbarete”, “de la selva” o como queramos llamarle, a lo que el nuevo grupo de poder no tiene ni tendrá empacho alguno en recurrir con tal de lograr sus fines.

Los que siempre mostraron poco apego a la democracia, celebran. En “Colorado Añetete” hay un ambiente de “júbilo”. No se percatan del quiebre del orden constitucional que pusieron en marcha, ni menos de que su gobierno nace con graves problemas congénitos, en una incubadora, extremadamente débil, subordinado a sucesivas transas coyunturales con sus “nuevos socios” para poder mantener el barco a flote, hasta que aquellos decidan soltarle la mano, como lo hizo el PLRA con Fernando Lugo.

Ingresamos, pues, a una zona oscura de la etapa democrática, plagada de incertidumbres, en la que será necesario hacerle frente a quienes, con sus actos, quebrantan el orden constitucional, impulsan el retroceso político y la destrucción del Estado de Derecho.

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