domingo , diciembre 8 2019
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Este no es el camino

Es tal la necesidad de la ciudadanía, de sentir que está en buenas manos y que su futuro estará protegido por quienes tienen esa responsabilidad, que nos es sumamente fácil creer en quien dice que su decisión es pelear abiertamente contra la corrupción. Así que cada vez que cae alguien, señalado como corrupto, la algarabía nos invade y sentimos que, por fin, se están haciendo bien las cosas.

Pero cuando vemos que los que van cayendo pertenecen a un solo sector político, y que, aunque arrecian denuncias en contra de chanchos de otros chiqueros, estos siguen gozando de absoluta impunidad y, lo que es peor, siguen gozando de los privilegios que les permiten aprovecharse, como siempre, en beneficio propio, allí nos damos cuenta de que la tan cacareada “lucha contra la corrupción” no es más que un bluf y que la premisa sigue siendo la misma de toda la vida, los buenos negocios son para los amigos y la vara de la Justicia, para los enemigos.

Aprovecharse del poder que le da el cargo a una persona para poner en vigencia la vendetta política, es lamentable, triste y peligroso, porque nos da la pauta de que no habrá ni objetividad ni buenas intenciones en cualquier lucha que se inicie desde el gobierno, sino, simple y llanamente una persecución selectiva a quienes no pertenecen al entorno privilegiado.

Mientras se llena la boca afirmando que sus acciones en contra de la corrupción son tan contundentes que nadie debiera dudar de su decisión, el presidente ataca de manera inmisericorde a sus enemigos políticos, todos pertenecientes al movimiento Honor Colorado, y protege de manera casi descarada a los que pertenecen a su propio movimiento.

Aclaremos las cosas; estamos convencidos de que todos los corruptos deben ser perseguidos y castigados, sin importar el sector al que pertenezcan. Pero cuando la vara actúa solamente en contra de quienes forman parte de uno solo, todo lo realizado pierde su valor y carece de algún atisbo de credibilidad ciudadana.

Hay dos casos bien concretos con los que el gobierno podría demostrar que su decisión es inalterable y que el famoso “caiga quien caiga” es una realidad. El primero tiene que ver con la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, contra quien hay serias denuncias de corrupción, con documentos. Aunque la Fiscalía se tome un inexplicable tiempo para iniciar las investigaciones, el presidente ya hubiera dado una señal clara sacándola de su entorno. Porque aquí no ocurre lo de que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El administrador de un bien del Estado nunca, pero nunca, puede parecer corrupto, ni dar pie a que se sospeche de él.

El otro caso es el del presidente de Diputados, Miguel Cuevas, perteneciente al movimiento Colorado Añetete. Hay denuncias muy serias en su contra, por enriquecimiento ilícito. Aunque el gobierno no puede -por–lo menos oficialmente- presionar a la Fiscalía para que actúe, sí podría enviar señales claras a los legisladores, indicando que el exgobernador de Paraguarí no cuenta con protección oficial.

Sin embargo, el presidente fue a pie, desde el Palacio de Gobierno hasta el Congreso, para visitar y dar su apoyo a Cuevas. O le importa un pito lo que se publica en los medios sobre los antecedentes de su “protegido”, o tiene un pésimo asesor de comunicación. Sea como fuere, no se nota una sincera lucha contra la corrupción. Definitivamente, este no es el camino correcto.

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