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ASUNCIÓN.- Se armó un verdadero tumulto cuando la presidenta del Tribunal Electoral de la Capital, primera sala, Patricia Blasco, pidió a la administración de la institución que suspendiera el pago de horas extras a funcionarios dependientes del colegiado y el traslado de uno de ellos. A pesar de las críticas de sus colegas, se ratifica en su decisión y dice que no es un expediente, por lo que la decisión era exclusivamente suya.
Cuando una institución está tan manoseada y casi todos sus integrantes metidos en entuertos e ilegalidades, cuando surge alguien que quiere hacer bien las cosas, en base a lo que disponen la ley y las buenas costumbres, se viene la hecatombe. Esto es lo que ocurre ahora en la primera sala del Tribunal Electoral de la Capital, en donde dos de sus miembros, Hermes Medina y Gilberto Meza, pretenden anular decisiones de Blasco, presidenta del colegiado, quien consideró inapropiado que funcionarios que dependen de dicho tribunal cobren horas extras en un año no electoral, en donde se puede terminar el trabajo diario en horario normal, de 7 a 13, de lunes a viernes.
Aquí el problema no es que Blasco haya tomado la decisión sin comunicárselo a Medina y Meza (quienes autorizaron el pago de las horas extras sin informarle de ello a la presidenta). El problema real es que los funcionarios y sus padrinos se niegan a perder un privilegio ilegal e inmerecido y están intentando que la institución vuelva a autorizar ese pago, aunque estos funcionarios no hagan ningún trabajo en horario extra, porque no hay más que expedientes de sociedades intermedias, como clubes, cooperativas y asociaciones, y ahora, las internas liberales.
Además, Blasco respondió que, como presidenta, es también administradora del tribunal, por lo que podía tomar sola este tipo de decisiones, “porque no se trata de un expediente. En un expediente se resuelve entre los tres miembros del tribunal, Pero este es un acto administrativo, que corresponde al presidente de la sala. No es un caso judicial sometido a nuestro estudio”. En todo caso, fueron los otros integrantes de la sala los que actuaron a espaldas de la presidenta al solicitar el pago de esas horas extras, algo para lo que no tenían atribuciones. “Avallaron mi autoridad”, dijo Blasco.
Lo mismo ocurre con el pedido de Blasco del traslado del actuario Gerardo Morales. “Lo puse a disposición de Recursos Humanos porque he recibido innumerables denuncias de abogados sobre inconductas procesales suyas”. Dijo que informó de esto al Tribunal Superior de Justicia Electoral a través de Alberto Ramírez Zambonini y pidió un nuevo actuario. En ninguno de los dos casos, el TSJE dio alguna respuesta.
Le llamó la atención también la nota de los apoderados colorados y liberales a favor de Morales, puesto que este movimiento de funcionarios es una cuestión interna del tribunal y no tiene por qué despertar el interés de apoderados que no forman parte del mismo.
