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Ex intendente liberal dejó un “clavo” de G. 76 millones

Construcción de salón para la supervisión del MEC en la Escuela Bernardino Caballero, se observa fisura en el lado externo de la obra.
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La Contraloría General de República (CGR) realizó un examen especial a las obras públicas ejecutadas y en ejecución por la Municipalidad de Sargento José Félix López (ex Puentesiño), Departamento de Concepción, con fondos provenientes de Royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), correspondiente a los ejercicios fiscales 2012 y 2013. Detectó que la exadministración del liberal Alfredo Mateo Zabala Alcaraz, sobrefacturó todas las obras, causando un perjuicio patrimonial de G. 76 millones, equivalente al 9% de la sumatoria del monto contractual.

Alfredo Mateo Zavala Alcaraz (PLRA), ex intendente de Sargento José Félix López
Alfredo Mateo Zavala Alcaraz (PLRA), ex intendente de Sargento José Félix López.

ASUNCIÓN.-  El objetivo de la auditoría efectuada por la Contraloría fue determinar el uso correcto de los recursos invertidos en las distintas obras realizadas por la Municipalidad (relacionadas a fondos provenientes de Royalties y del Fonacide), evaluando además el control interno de la institución con relación a dichas obras.

Entre las principales irregularidades encontradas se pueden citar la ausencia de un control interno riguroso. En ese sentido, varios rubros de la planilla de oferta adjudicada no fueron ejecutados, en tanto que otros fueron ejecutados en menor cantidad que lo contratado y pagado.

En cuanto a obras,  fueron verificadas la “construcción de aleta puente sótano 1ª Línea” (Royalties 2012), por un monto de G. 12.211.100;  la construcción de tinglado multiuso, en el Colegio Nacional San Clemente María (Fonacide 2012), por un monto de  G. 26.069.204. La diferencia total, en todos los emprendimientos, es de G. 76.864.391, equivalente al 9% de la sumatoria del monto contractual.

Existen diferentes falencias en el manejo administrativo, como la falta de un control pre contractual, que originó la elaboración de planillas de obras sin la totalidad de los rubros a ser ejecutados, o bien, con rubros no correspondientes o impropios a la ejecución de las mismas; así como también incumplimientos a la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”. Además,  la ausencia de un área de Auditoría Interna eficiente, y de una fiscalización adecuada,  posibilitó la aparición de errores u omisiones dejando expuesta a la Municipalidad a la ocurrencia de desvíos o manejos inadecuados.

La falta de un eficiente y oportuno control de calidad de los trabajos desarrollados, correspondiente a la fiscalización de obras (responsable de velar por la correcta realización de las mismas), ha posibilitado el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EE.TT), en la ejecución de los diferentes rubros observados, acarreando con ello, la provisión de productos y servicios no acorde a lo ofertado, ya que las EE.TT como tal, determinan el alcance de los trabajos y son de cumplimiento obligatorio.

IRREGULARIDADES

Por la ausencia de un control interno riguroso, varios rubros de la planilla de oferta adjudicada no fueron ejecutados, en tanto que otros fueron ejecutados en menor cantidad que lo contratados y pagados por la Municipalidad y se encontraron las siguientes sobrefacturaciones.

* Construcción de aleta puente sótano 1ª  línea (royalties 2012), G. 12.211.100.

* Reparación, remodelación y mantenimiento de la Capilla 8 de Diciembre (royalties 2012), G. 5.634.420.

* Construcción de aula nueva, Escuela Independencia Nacional (Fonacide 2012), G. 6.079.057.

*Construcción de tinglado multiuso, Colegio Nacional San Clemente María (Fonacide 2012), G. 26.069.204.

* Construcción de escenario y parte eléctrica de tinglado, en el Colegio Nacional San Clemente María (Fonacide 2013), G. 5.164.170.

* Construcción de salón para la Supervisión del MEC (Fonacide 2013), G. 7.053.695.

* Construcción de aulas, en la Escuela Bernardino Caballero (Fonacide  2013), G. 7.220.584.

* Construcción de escenario en la Escuela Mcal. López (Fonacide 2013), G. 5.727.161.

* Reparación parte eléctrica en la Escuela 15 de Agosto (Fonacide 2013), G. 1.705.000.

La diferencia total es de G. 76.864.391, equivalente al 9% de la sumatoria del monto contractual.

La Fiscalía no investiga las tragadas del Fonacide

Nóminas de autoridades cuyas gestiones fueron auditada.
Nóminas de autoridades cuyas gestiones fueron auditada.

A inicio de abril, la Contraloría General de la República (CGR) presentó el informe resultante del análisis de las rendiciones de cuentas conforme a la Ley N° 4758/12 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)”, donde se detectan un supuesta tragada de 1.800 millones de guaraníes.

El documento fue remitido a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. En el mismo se destaca que de los 249 municipios que recibieron fondos del FONACIDE, más de 20 municipios no presentaron su rendición de cuentas.

Como se puede ver, la Contraloría no remitió los informes al Ministerio Público para que inicie una investigación sobre los hechos irregulares detectados y que estarían tipificados como delitos. Tampoco las otras reparticiones públicas que tuvieron acceso al documento han presentado una denuncia ante la Fiscalía como corresponde.

El informe dice que la Dirección General de Control de Obras Públicas de la CGR constató una diferencia G. 1.599 millones de guaraníes en obras de los departamentos de Guaira, Caazapá y Caaguazú.

La Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales de la CGR encontró una diferencia de G. 276.072.000 en los documentos de rendiciones de cuenta de las municipalidades de Primero de Marzo y Quyquyhó.

Atendiendo a estas cifras, el monto de las diferencias o tragada asciende a más de 1.800 millones de guaraníes.
La Contraloría explica que el análisis comprendió la verificación de los recursos provenientes de la Entidad Binacional Itaipú para los fondos creados por la Ley del Fonacide y de la distribución y la aplicación de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes para el efecto, al 31 de diciembre del 2015.

El objetivo es verificar el proceso de transferencia de los recursos correspondientes a los fondos determinados por la Ley N°4758/12, y su posterior aplicación, fueron efectuados en concordancia a las disposiciones legales vigentes en la materia.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda en el periodo de enero a diciembre de 2015, transfirió a gobiernos municipales recursos provenientes del FONACIDE por valor de G. 289.124.076.737 (Guaraníes doscientos ochenta y nueve mil ciento veinticuatro millones setenta y seis mil setecientos treinta y siente).

Se debe saber destino que se da al 75 % de los recursos

Todos los informes y denuncias de irregularidades sobre el mal uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo” (FONACIDE), corresponden solamente al 25% que se distribuye a los gobiernos municipales y regionales. No hay detalles sobre donde van a parar el restante 75% del dinero que sale de la Itaipú. Son unos 360 millones de dólares por año.

La Ley 4758/12 que crea el Fonacide claramente especifica cómo se debe hacer la distribución del dinero que está en dicho fondo. En el artículo tres de la referida norma legal, se establece la forma de distribución y es la siguiente: el 28% va al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura. Un 30% va para el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación:

El 25% para los gobiernos departamentales y municipales, un 7% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y finalmente un 10% para el Fondo Nacional para la Salud.

La Contraloría General de la República siempre está emitiendo informes sobre el uso del Fonacide en los municipios y las gobernaciones, pero por ejemplo nada se sabe sobre cómo se utiliza el 30% del dinero que va para la Excelencia de la Educación. Este es el que recibe el mayor porcentaje del dinero proveniente del pago que el Brasil realiza por la cesión de la energía de Itaipú a dicho país.

No se tiene además detalles sobre la utilización del 28% de los recursos que van al Tesoro Nacional para realizar inversiones púbicas. En este caso, el dinero debería ser administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Una situación similar se presenta con el dinero destinado al Fondo Nacional para la Salud que representa un 10%, y se desconoce del uso que se da al mismo.

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