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La exgobernadora del departamento de Alto Paraguay (durante ocho meses en 2008), Venancia Rosalba Belmonte de Penayo (ANR), fue recluida en la penitenciaría del Buen Pastor, por hechos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de la institución regional. Fue condenada en 2011 y tenía que reponer parte del dinero en cuotas y transferir una propiedad. Había orden de captura por incumplimiento y fue arrestada en el Departamento de Identificaciones. Según la Contraloría se “tragó” alrededor de G. 4.000 millones.
Según los datos, Belmonte de Penayo incumplió las condiciones que le fueron impuestas para suspender la ejecución de su condena, tras ser hallada culpable del desvío de recursos cuando estaba al frente de la Gobernación. Su detención se produjo en el Departamento de Identificaciones, el pasado martes cuando fue a renovar su documento de identidad. La medida fue dispuesta por la jueza de Ejecución Ana María Llanes.
Los antecedentes revelan que la exgobernadora se desempeñó como concejal departamental en el periodo 2003-2008, y ocupó el cargo de jefa regional desde enero del 2008 en reemplazo del gobernador Erasmo Rodríguez (ANR), quien renunció al puesto también agobiado por hechos de corrupción.
FRAUDE DE G. 4.000 MILLONES
Los ediles de la época aseguraban que Belmonte era protegida del entonces diputado nacional José Chamorro, a quien consideraban “amo y señor” del departamento de Alto Paraguay, por lo cual logró imponer su voluntad entre los concejales para ser la elegida para el cargo. Estuvo al frente de la Gobernación por espacio de 8 meses, tiempo en el cual según informes de la Contraloría General de la República malversó más de G. 4.000 millones.
Sin embargo, el fiscal Sergio Alegre la imputó por lesión de confianza por desvío de G. 2.000 millones del presupuesto de la Gobernación, correspondiente al periodo 2008.
TENÍA QUE PAGAR G. 3 MILLONES MENSUALES
El juez Hugo Sosa Pasmor por sentencia definitiva Nº 60 de fecha 15 de setiembre del 2011 impuso una condena para la exgobernadora, por la cual la acusada debía devolver a las arcas de la Gobernación G. 208 millones, pagaderos en 36 cuotas de G. 3 millones y un refuerzo de G. 25 millones cada 9 meses.
Igualmente, la sentencia judicial también obligaba a la exgobernadora a transferir un inmueble de su propiedad individualizado como finca Nº 14.566 del Chaco sin especificar el lugar exacto de su ubicación, a favor de la institución.
Por su parte, los ediles regionales opositores de aquel periodo, denunciaron que gran parte del dinero faltante en la administración de Belmonte fue utilizada para financiar la campaña política de los candidatos del sector colorado de entonces (José Chamorro, diputado, y Justo Fernández Bauzá, gobernador).
Los ediles del departamento de Alto Paraguay de aquel entonces tildaban a la exgobernadora como una “simple marioneta”, porque era manejada por Chamorro.
