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ASUNCIÓN.– El exministro de la Corte, condenado por el Senado en un juicio político, no está dispuesto a quedarse sin su jubilación y piensa apelar en donde sea, incluso a nivel internacional. Si lo consigue, recibirá mensualmente unos 46 millones de guaraníes, suma nada despreciable en un país donde, con suerte, la mayoría, que vive en el marco del trabajo y la honestidad, gana poco más de 2 millones mensuales.
Según el abogado de Blanco, aunque fuera echado de la Corte, tendría que cobrar su jubilación porque es algo para lo que aportó durante largos años. A lo mejor tiene razón, más aun teniendo en cuenta que su condena se dio menos de un mes antes de su retiro normal. El problema es que no hay jurisprudencia, como el mismo Jorge Bogarín reconoce, por lo tanto no se sabe lo que ocurrirá con los 46 millones de guaraníes mensuales que debiera recibir el exministro en concepto de jubilación.
Lo que llama la atención es que desde que el jueves, el Senado lo expulsó por corrupto, Blanco pareció haber desaparecido; no reclamó nada, ni habló de su “honestidad”, ni se mostró como víctima de los legisladores; nada. Pero 2 días después, lo primero que se sabe de él es que su única preocupación es qué pasará con su jubilación, o sea que toda la historia del buen nombre, trayectoria, etc. etc. no era más que eso, historia. Lo único que le importa a Sindulfo es la plata de su jubilación.
En una entrevista radial, Bogarín dijo que, en el supuesto caso de que se le niegue la jubilación, Blanco estaría dispuesto a presentar una acción de inconstitucionalidad y estaría dispuesto, incluso, a llegar a instancias internacionales.
Consultado sobre el tema el senador por Honor Colorado, Sergio Godoy, dijo que no estaba seguro de que el hecho de haber sido condenado vía juicio político implique que se quedará sin jubilación, más que nada porque ese es un dinero que le pertenece por los aportes que realizó.
La verdad es que no hay una postura definida sobre el tema, y, como el juicio político no está reglamentado, nadie tiene muy en claro qué hay que hacer y quién lo tiene que hacer. Probablemente será la sala constitucional de la Corte la que deberá ser consultada al respecto.
