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Extitular de penal enfrentará juicio por liberación de presos

Aldo Ulises Martínez Jacquet, acusado.

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones.- El exdirector de la Penitenciaría Regional de Misiones, Aldo Ulises Martínez Jacquet, enfrentará juicio oral y público por liberación de presos, conforme con lo solicitado por el fiscal Enrique Díaz. En el caso están igualmente acusados el jefe de seguridad, Guillermo Manuel González Amarilla  y el  agente penitenciario, Luis Alberto Morínigo Rivarola.

También están procesados el abogado Sergio David Huerta Pérez y el médico Irio Ismael Monges Rodríguez. Éste último habría contribuido en la causa con la expedición de un certificado de salud de contenido falso.

Según antecedentes,  entre el 21 y 22 de diciembre del 2017, dos turcos, imputados por narcotráfico, se fugaron. Ellos son: Munir Ozturk (50) y Eray UC (31), quienes huyeron cuando estaban siendo derivados del penal de Misiones a Encarnación.

Los detalles indican que primeramente fueron llevados hasta el Hospital Regional de San Juan Bautista, donde estuvieron internados por varias horas, hasta que el médico tratante, Irio Monges, envió un certificado médico al director de la cárcel, informando sobre el diagnóstico de los dos reclusos. El profesional recomendó el traslado de los presos a la ciudad de Encarnación.

A raíz de esta situación, Martínez Jacquet, en su carácter de director penitenciario, firmó la resolución número 209/17 de la misma fecha, ordenando el traslado de los extranjeros a la capital de Itapúa.

La tarea fue encomendada al Jefe de Seguridad, Guillermo González, acompañado de Luis Morínigo, quien conducía el automóvil particular. El viaje se hizo ese mismo 21 de diciembre, a las 17:30 horas aproximadamente.

Cerca de las 22:00 horas del viernes 22 de diciembre, descubrieron que los supuestos narcos estaban con paradero desconocido. Los intervinientes sospechan que cruzaron la frontera con documentos falsos.

En cuando a Silvio David Huerta, habría sido el nexo para las negociaciones, desde la expedición del certificado médico de contenido falso hasta la autorización irregular del director penitenciario para el traslado de los internos.

 

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