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ASUNCIÓN.- En el Parlamento, el interés por luchar contra la corrupción y el tráfico de influencias varía de intensidad dependiendo de quién es el acusado. Por lo menos es lo que parece luego del escándalo de los audios, que rápidamente costó el puesto a 2 senadores, Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, pero que no tendrían mayor consecuencia para el diputado Carlos Portillo.
Hay 3 audios en los que aparece Portillo, hablando él mismo y no un secretario suyo, que, presuntamente, demuestran claramente el tráfico de influencias que el diputado liberal ejerce en el Poder Judicial del Alto Paraná, en donde “ubica” a recomendados suyos y pareciera que incide en algunas sentencias.
Los 2 primeros audios salieron al mismo tiempo que otros que involucraban al exsenador colorado Óscar González Daher en el mismo delito. Sin embargo, mientras con este la reacción de la Cámara Alta fue inmediata, con Portillo ningún diputado mostró el menor interés en, por lo menos, averiguar qué ocurre y hasta dónde llega su implicancia en el delito.
Recién con la aparición de la tercera grabación, por lo menos la Fiscalía decidió iniciar una investigación a Portillo. Fue en ese momento también cuando un diputado, el disidente Hugo Velázquez, dijo que el liberal podría perder su investidura, pero en este caso se aguardaría lo que decidiera la Justicia, a diferencia de lo que se hizo con González Daher, con quien la sentencia de sus pares fue inmediata, sin importar el proceso judicial.
Después de esa opinión de Velázquez, ningún diputado volvió a mencionar la posibilidad de que Portillo pudiera perder la investidura en un procedimiento sumario y rapidísimo como el que ocurrió en el Senado. Para colmo, el liberal aseguró que no piensa renunciar a su banca ya que, dijo, todo es mentira y él es una blanca paloma, inocente de cualquier delito.
Parece que en este caso se procederá respetando los plazos procesales y el derecho a la defensa, garantizado en la Constitución Nacional. Esto significa que, de acuerdo a lo que decida la Fiscalía, un juez solicitará el desafuero de Portillo a la Cámara de Diputados, a fin de poder procesarle por el delito de tráfico de influencias. Si se lo condena, ahí recién lo echarán de la cámara.
