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Los fallos pueden ser criticados, como el referido a la libertad de los condenados por el “caso Curuguaty”, pero nunca desobedecidos. Es la base del Estado de Derecho, que al senador Fernando Lugo no le interesó pisotear al designar a dos senadores “mau”, en reemplazo de los que fueron electos. En el continente sudamericano existen innumerables opiniones de magistrados de diferentes instancias, quienes coinciden en que las autoridades deben acatar las decisiones judiciales, les guste o no.
ASUNCION. “Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos”, dice una publicación del diario El Tiempo de Colombia, donde transcribe la opinión de la Corte Suprema de dicho país sobre las decisiones judiciales, donde algunas autoridades municipales se negaban a cumplir.
Esto mismo ocurre en nuestro país. El expresidente del Senado, Fernando Lugo, decidió ignorar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y también desconoció la sentencia del Superior Tribunal de Justicia Electoral, sobre la proclamación de los senadores e hizo jurar a dos legisladores que no fueron elegidos ni proclamados.
Recientemente, la Sala Penal de la Corte emitió un fallo sobre el “caso Curuguaty”, que igualmente es contestado; sin embargo, se dio cumplimiento en forma inmediata.
Sobre el punto, el ministro del Interior, Ariel Martínez, dijo que más allá de las consideraciones que se puedan hacer, hay espacio para analizar de cómo las resoluciones de la Corte o de las instancias judiciales, cuando favorecen a un sector son y deben ser acatadas y cuando no favorecen se dejan de lado.
Para el exfiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, existe mucha hipocresía de los políticos, quienes aplauden, como es el “caso Curuguaty”, y si no, lo condenan o simplemente lo ignoran.
Esto en directa alusión al sector luguista, para quienes la Corte no es confiable cuando sacó el fallo a favor de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, inclusive indican que sus decisiones no se ajustan a la constitución, pero esa misma instancia es confiable y cumple las normas legales cuando anuló la sentencia condenatoria y liberó a los 11 campesinos.
