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Feliz 2017 !!!

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Por: Abog.  Jorge Rubén Vasconcellos
Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

Con el inicio de un nuevo año, es casi natural que se renueven esperanzas y expectativas. El deseo de un “Feliz 2017” lleva implícito –además– la convicción de que el anterior no fue del todo bueno, que existen muchas cosas por corregir y mejorar. A nadie se le ocurre expresar deseos de un nuevo año igual al anterior.

Mis deseos de un Feliz 2017, encierra fundamentalmente la esperanza de que en este año que se inicia, comience el proceso de cambio de paradigmas que han obstaculizado, de modo sistemático, la consagración del Estado de Derecho y la vigencia plena de los Derechos Humanos en nuestro país.

Thomas Woodrow Wilson, abogado, político y expresidente de los Estados Unidos (1913-1921), hace aproximadamente cien años sostuvo que “La historia de la libertad es la de la lucha por limitar el poder del gobierno”.

Esta reflexión, que representa con claridad existencia de una tensión permanente entre el Poder del Estado y el ciudadano, parece no compartida por muchos, en nuestra sociedad, porque, a pesar de los grandes avances que se han registrado en los últimos veinte y cinco años, en nuestro país, la sociedad en su conjunto no ha acompañado ese proceso de evolución.

A partir de 1989, el Paraguay se ha adherido a Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales, de protección y promoción de Derechos Humanos, de alcance regional y global, consagrando principios rectores de observancia obligatoria en el relacionamiento entre el Estado y el ciudadano, con el propósito de garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los individuos.

Se ha proclamado, por adopción de normas supranacionales, la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal (no hay crimen, ni pena, sin ley penal previa), el irrenunciable derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, con las debidas garantías, la prohibición del doble juzgamieto. En el orden interno, desde la sanción y promulgación de la Constitución de 1992, del Código Procesal Penal, del Código Penal, y otras leyes de menor jerarquía, tuvieron como propósito bajar al plano operativo esos derechos y garantías.

La primera década transcurrida desde la instauración del régimen democrático y de libertades públicas (1989-1999) que parecía conducirnos a estadios superiores de convivencia social, se cerró con el doloroso saldo de una decena de ciudadanos muertos y cientos de heridos, quienes ejerciendo su derecho a la manifestación, lograron derrotar un proyecto político autoritario y totalitario.

Después del glorioso y doloroso Marzo Paraguayo, se inicia el segundo tramo de la transición, con la entrada en vigencia de un nuevo sistema de persecución y represión, concebido bajo los estándares internacionales de justicia, pero poco tiempo después, todos los sectores políticos y sociales manifestaron su disconformidad, su malestar y sus críticas, y las autoridades, con un sentido más populista que científico, iniciaron el proceso de contra-reforma, dando marcha a la involución y el retroceso.

Las cárceles, que habían comenzado a constituirse en albergue de condenados, volvió a repoblarse con procesados sin condena, y se desató una brutal carrera por volver a la práctica que pretendía superarse. La prisión preventiva se convertía nuevamente en una condena anticipada.

Para llenar nuestras cárceles de presuntos inocentes, modificamos las leyes, endureciendo las condiciones para el otorgamiento de la libertad, la concesión de medidas alternativas, la eximición de prisión y la excarcelación.

Ante la mirada impasible y hasta complaciente de amplios sectores sociales, se condicionó la labor de los Jueces, amenazándolos con sanciones y destituciones, por “liberar detenidos”, afirmándose que las penitenciarías tenían “puertas giratorias” que facilitaban la salida de los aprehendidos de la Policía.

El reclamo social de “cárcel para el delincuente” en los oídos de incapaces, fue entendido como “cárcel para los sospechosos”, y esos mismos incapaces, ni siquiera se tomaron el trabajo de informarse que según la Constitución Nacional “…La prisión preventiva sólo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio…”, y que a la pena corresponde “…la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad…”.

Todos los Poderes del Estado, son responsables de este retroceso. Todos han permitido, tolerado y propiciado que nuestras cáceles se encuentren abarrotadas de presuntos inocentes. Que casi el ochenta por ciento de la población carcelaria actual no haya accedido a una Sentencia Definitiva condenatoria o absolutoria, porque han privilegiado la prisión preventiva. Porque lograr el encarcelamiento provisorio ha constituido su único objetivo y propósito.

Lo peor de todo, es que –en el tercer tramo de nuestra “evolución”– se pretende bajar la edad de imputación, incluyendo a niños en el sistema penal y carcelario, porque no han comprendido jamás que el filósofo (y matemático) Pitágoras tenía razón al decir: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.

Si se nos puede juzgar por la forma en que tratamos a nuestros presos, no quiero imaginarme el juicio que nos merecemos por la forma en que pretendemos tratar a nuestros niños.

Con un Poder Judicial que presume nuestra culpabilidad desde el principio, no necesitaremos construir escuelas, sino reformatorios, porque, así como han dicho otros, en nuestro país, lamentablemente se ha reinstalado un sistema por el cual “No nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos”.

Así las cosas, todo indica que el año próximo, en materia de libertad, seguridad y justicia seguiremos retrocediendo como el cangrejo. Solo por educación debemos decir “Feliz 2017 !!!”.

 

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