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Ferreiro, “Dime con quien anda…”

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Por: Cirilo Ibarra Enciso. Periodista de ADN en Mariano Roque Alonso
Por: Cirilo Ibarra Enciso. Periodista de ADN en Mariano Roque Alonso

Aun parece retumbar aquella expresión de Mario Ferreiro, cuando ganó las elecciones municipales del 2015 en nuestra capital. Hizo un discurso agradeciendo y prometiendo “honrar el voto con honestidad y eficiencia, porque en campaña dijimos que éramos diferentes, que no íbamos a meter la mano en la lata y por eso les pido ayúdenme a cambiar Asunción”, manifestó.

Hasta hoy se aguarda el cambio y así como están las cosas, ese cambio no llegará, difícil con las personas que lo asesora (como Juan Carlos Ramírez Montalbetti, Max Rejalaga) y ni hablar de los contratos que va firmando, porque todos tienen olor a negociado.

Dentro de ese tufo, un tema recurrente hoy es el relacionado al Estacionamiento Tarifado y Controlado de Asunción. Aquí se impone la pregunta, ¿Para qué sirven los antecedentes requeridos a una persona en el momento de ofrecer un servicio? Pues, para acreditar la conducta laboral, profesional y previsional de la misma.

Actualmente es ineludible cumplir esa exigencia, en el momento de recurrir a una empresa a pedir trabajo. Partiendo de esto, más se acentúa la sospecha de posible negociado en la contratación del consorcio Parxin por parte de la Municipalidad, como concesionario del estacionamiento tarifado.

Es evidente que no importaron los antecedentes de los representantes del referido consorcio, porque al parecer son impresentables. Viendo esto, se impone aquello de “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Este antiguo refrán indica que se debe tener mucho cuidado con las personas que se elige para llevar adelante, en este caso un emprendimiento tan sensible.

Por ejemplo, Héctor Calcagno apareció en mayo del 2016 como referente del consorcio Parxin. Luego María Angélica Insaurralde es quien funge de gerente. Ambas personas no son precisamente de confianza, a juzgar por sus antecedentes.

En el 2003, el Consejo de Superintendencia de la Corte suprema de Justicia remitió a la Fiscalía General del Estado los antecedentes y conclusiones de auditoría realizada en la Dirección Nacional del Registro de Automotores. Fue para que investigue graves irregularidades detectadas por el incumplimiento de disposiciones legales y procedimientos establecidos para las inscripciones de los vehículos, durante la gestión de María Angélica Insaurralde.

En ese tiempo, el Registro del Automotor fue considerado como una de las dependencias más corrupta del Poder Judicial. Las innumerables irregularidades permitieron el enriquecimiento de funcionarios comprobadamente corruptos.

En el 2005 se publicó que la Corte confirmó plenamente que ese departamento fue creado para estafar a la ciudadanía, como en el caso de mantenimiento del sistema informático, por el cual la administración de la Corte pagaba nada menos que 75.000 dólares mensuales a la firma Electromont.

En tanto que Héctor Calcagno fue relacionado por los medios de prensa con el gigantesco fraude vial, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. En el 2008 se publicó que los estudios y proyectos viales, para la construcción del asfaltado de la Ruta IV a Pilar, estuvieron a cargo del consorcio consultor “Lesme-Consol” y uno de los responsables fue Héctor Calcagno.

Entonces se habría producido una gran “tragada” de la plata proveniente de Fonplata (Fondos de la Cuenca del Plata) y fondos locales.

El mismo Colcagno estuvo metido en una millonaria malversación de los fondos del proyecto de fortalecimiento del Registro Civil, según publicación, en el 2007, de la Contraloría General de la República.

Una auditoría del referido ente contralor reveló: “irreparables daños a documentos históricos durante las supuestas restauraciones hechas por la firma Geolatina SA y Asociados, cuyo representante legal era el ingeniero Héctor Calcagno”, decía el informe de la CGR.

Los sucesos fueron calificados de hechos punibles. El informe agrega varias otras irregularidades, que en fondos suman G. 36.000 millones y 583.000 dólares.

Las mencionadas personas, más Juan Carlos Ramírez Montalbetti y Max Rejalaga, del entorno de Ferreiro, dejan mucho que desear. El primero fue denunciado por serias irregularidades en la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). En tanto que Rejalaga, cuando fue director de Contrataciones Públicas, habría fraguado documentos para justificar una adjudicación de US$ 1 millón para la compra de maderas y pilotes para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante la administración de Enrique Salyn Buzarquis.

Imagínense las personas cercanas a Mario Ferreiro y con quienes firma contrato de concesión de servicio. Así, imposible lograr el cambio prometido, al contrario, las cosas ya van de mal en peor. Basta Ferreiro, Ud. ni aparenta ser honesto y si lo es, tiene que recordar que no basta ser honesto, también hay que parecerlo.

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