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ASUNCIÓN.- El fiscal adjunto de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, ordenó la apertura de una causa penal, para investigar la supuesta comisión de los hechos punibles de cobro indebido de honorarios y enriquecimiento ilícito perpetrados presuntamente por los hijos del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser.
Además, el representante del Ministerio Público designó a las agentes fiscales anticorrupción; Nadine Portillo y Josefina Aghemo de la Unidad N° 6 y 11 respectivamente, a los efectos de que indaguen y esclarezcan la causa en la que están involucrados María José Torres Ferreira, Valeria Eliana Torres Espínola, José Miguel Torres Espínola, Fanny Ramona López de Machuca, Hugo Ramón Quiñónez y Emilio Daniel Álvarez.
Según publicaciones periodísticas, María José y Valeria Eliana Torres, hijas del ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser son funcionarias presuntamente privilegiadas del Poder Judicial.
La primera ostentaría el cargo de asesora, dato que consta en la planilla de salarios y que estaría comisionada en la Dirección del Registro de Automotor, pero que en la realidad sería una asalariada fantasma que probablemente no asiste a su lugar de trabajo asignado, y que a pesar de ello cobraba un salario de 9.000.000 guaraníes, según informa prensa de la Fiscalía.
Mientras que la segunda persona antes nombrada percibiría un salario de 7.300.000 guaraníes y que habría empezado a asistir a la institución recién desde hace unos meses.
También la nota periodística menciona, que José Torres, el hijo del ministro, viajó 22 días para capacitarse y que su carga horaria no varió. Durante su estadía en España habría obtenido, como viático 16.000.000 de guaraníes, más un plus de 3.500.000, y que al mismo tiempo cobraba por horas extraordinarias.
Igualmente se presume que Fanny Ramona López de Machuca, asistente del ministro Kirmser, era una de las leales funcionarias del mismo, quien habría percibido salarios de manera irregular.
Por otro lado Hugo Quiñonez figuraba en la nómina de empleados públicos del poder judicial como técnico jurisdiccional al igual que Álvarez, quien presuntamente cumplía funciones de técnico administrativo en dicha institución. Ambas personas probablemente realizaban tareas particulares en la residencia del Magistrado.
