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Un total de 26 muertos es el saldo de un mes de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, informó ayer martes la fiscal general Luisa Ortega, al condenar la violencia desbordada “No puedo tolerar la violencia, lamento la muerte de 26 personas, sean de gobierno o de oposición, siempre la muerte de una persona es lamentable. Han muerto cuatro adolescentes y 22 adultos”, precisó. También exteriorizó la preocupación por la violencia y los disturbios en el país. “No queremos llegar a una guerra civil”, señaló.
CARACAS.- El Ministerio Público reportó también 437 lesionados y 1.289 personas aprehendidas por diversos disturbios y saqueos que se han producido en este “ambiente de crispación política”, subrayó Ortega.
Poco antes del balance de la fiscal, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, había informado de la muerte este martes, en un hospital, de un hombre herido de un disparo cuando participaba el lunes en una manifestación de seguidores del gobierno.
Más temprano, la Fiscalía confirmó que un joven de 23 años murió la madrugada del martes en una manifestación en el estado Lara (noroeste), luego de un “plantón” el lunes de miles de opositores en importantes vías del país, que derivó en violencia y dejó tres muertos.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, exhortó a los cuerpos de seguridad del Estado y al Poder Judicial a revisar la forma en que se llevan a cabo las detenciones, especialmente durante las protestas antigubernamentales de los últimos días, para garantizar el debido proceso.
Ortega Díaz remarcó que el debido proceso “es uno de los pocos derechos que no se puede suspender” y por el contrario “se debe garantizar” “incluso en los estados de excepción”, como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del jefe de Estado, Nicolás Maduro.
En este sentido, aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos, sin precisar cuántos, “por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos, al menos así lo refleja las actas policiales”.
La fiscal general, que siempre había sido vinculada al chavismo, sorpresivamente calificó esa sentencia como una “ruptura del orden constitucional”. Desde entonces no se había pronunciado ante la prensa sobre los acontecimientos en el país.
