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Una lluvia de críticas recibió el director general de la Patrulla Caminera, Luis Chris Jacob, durante la audiencia pública llevada a cabo ayer en Hernandarias. Hubo numerosos testimonios de ciudadanos que acusaron a agentes de la institución de prácticas ilícitas. El intendente municipal, Rubén Rojas (ANR), afirmó que se llegó a un acuerdo sobre los días y manera de realizar los controles.
HERNANDARIAS.- En el salón auditorio de la Municipalidad local, unas 300 personas asistieron a la audiencia pública con el representante de la Patrulla Caminera y autoridades municipales, encabezadas por el intendente Rubén Rojas.
Muchos de los hernandarienses presentes comentaron las ocasiones en las que los agentes intentaron o extorsionaron a ciudadanos e incluso turistas.
El repudio fue generalizado, al aseverar que los funcionarios realizan dichos controles únicamente para “recaudar”. Los moradores también se quejaron de que los agentes prácticamente permanecen escondidos de manera a sorprender a los conductores y buscar alguna infracción.
Los vecinos también criticaron que los visitantes de otros países son ahuyentados por los funcionarios, dado que muchos extranjeros llegan al distrito para visitar los sitios turísticos como la Hidroeléctrica de Itaipú o la Costanera.
Jacob justificó los controles al asegurar que la ley los ampara para llevar a cabo dichas tareas; sin embargo, recibió más cuestionamientos de los presentes.
El intendente aseguró que se llegó a un acuerdo con el representante de la Patrulla Caminera. Explicó que los agentes solamente harán inspecciones a los rodados con presencia de la Policía Nacional y el Ministerio Público, únicamente tres veces por semana, de manera a evitar los procedimientos extorsivos.
Asimismo, Rojas explicó que solamente se harán controles en el puesto de la institución, ubicado a la salida de la ciudad.
Recientemente, pobladores se manifestaron para repudiar los controles, que según afirman, son solamente para recaudar. Incluso, hace unos días un agente fue filmado en el momento en que un ciudadano le reclamaba por haberle cobrado una “coima” de 100 reales a visitantes brasileños.
