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Gobierno afirma que respeta ley de responsabilidad fiscal

Benigno López, ministro de Hacienda.
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El ministro de Hacienda, Benigno López, asegura que el déficit está nivelado a las exigencias de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este porcentual representa US$ 625 millones “establecido en la Ley”, apuntó el funcionario. El gobierno tiene previsto un endeudamiento de US$ 1.400 millones en el 2019, según el proyecto presentado. El Presupuesto General de la Nación ya ingresa a estudio legislativo con una sobrecarga de US$ 1.200 millones por ampliaciones, más US$ 100 millones para aumento del salario docente (13%). El 25% de los recursos extras el próximo año irán a salarios. El exministro de Hacienda, César Barreto, asegura que “el PGN 2019 se debate entre la elevada necesidad, poco dinero y varias meditas de mano”.

ASUNCIÓN.- El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 está en el Senado y tendrá entrada oficial en la próxima sesión de esta instancia legislativa. Los números que contienen la Ley más importante de la República “respetan el déficit de 1,5% que estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y eso se traduce en US$ 625 millones al cambio actual”, dijo Benigno López, titular de Hacienda.

La LRF está en funcionamiento desde 2014, pero fue aprobada por el Congreso y el Ejecutivo un año antes, en 2013.

El proyecto muestra el plan de gastos para el próximo ejercicio fiscal que alcanza G. 80,2 billones (US$ 13.756 millones), lo que representa un crecimiento del 7,6% con respecto al presupuesto vigente.

Hasta el momento los organismos oficiales (Congreso) y privados, no hay emitido juicio sobre si este proyecto fue confeccionado bajo los índices porcentuales que exige la LRF. Sobre este punto, los gremios empresariales solicitaron intervención; sobre todo en el gasto. López apuntó que “la intención del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es dar participación al sector privado para discutir el tema con la intención de controlar que no se rompan los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

Lo que si se tiene comprobado es que desde antes de su estudio ya tiene una sobrecarga de montos importantes aprobados recientemente y que serán honrados desde enero próximo cuando entre en vigencia.

A inicios de esta semana se acordó un aumento del 13% del salario docente, a partir del 2019, lo que representa el monto de US$ 100 millones que serán cubiertos con fondos del Tesoro Público.

El Parlamento tiene en estudio proyectos de ampliación presupuestaria de US$ 1.200 millones que serán asumidos por el PGN 2019 entre otros ítems.

El Presupuesto General del próximo año tiene previsto un endeudamiento que se eleva a US$ 1.400 millones más. Valoriza la emisión de bonos que según la explicación ministerial “el 50% de los bonos a emitirse se destinarán al bicicleteo de la deuda”.

Esta vez el presidente Abdo Benítez cree conveniente la deuda, a diferencia a su postura intransigente cuando lideraba la disidencia desde el Congreso Nacional. En esta ocasión el jefe de Estado apunta que “existe espacio para endeudar al país respetando la ley de responsabilidad fiscal”.

Agregó Abdo Benítez que “es casi el mismo endeudamiento que el año pasado. Paraguay puede endeudarse con el nuevo PIB, que bajamos al 17% de endeudamiento y tenemos espacio para endeudarnos, siempre respetando la responsabilidad fiscal”. Estas declaraciones fueron vertidas durante un recorrido por algunas escuelas de Asunción.

 INGRESOS EXTRAS YA ESTÁN COMPROMETIDOS A SALARIOS

  El 25% de recursos financieros considerados ingresos extraordinarios, según el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019, será destinado a salario de funcionarios. De un total de US$ 986 millones extras contenidos en el plan de gastos en relación al PGN se descuenta US$ 242 millones que ya están atados al pago de sueldos.

El riesgo pasa ahora en volver a convertir el PGN en mero distribuidor y ordenador de gastos en remuneraciones. El plan de gastos iniciado en 2014 fue reduciendo la presión salarial abriendo espacios a la inversión social. Ahora, el PGN 2019 corre serio peligro de volver sobre sus pasos de 2012 convirtiéndose en instrumento político y prebendario.

En el desglose presupuestario se indica que de ese monto destinado a salarios –US$ 242 millones-, US$ 186 millones serán financiados con ingresos fiscales y el restante US$ 56 millones se garantizados con recursos que sea generados por las instituciones del Estado.

Un porcentaje de ese dinero será utilizado para cubrir (13%) el aumento docente. Teodora Recalde, de la oficina de Presupuesto y Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, explicó que “impactará en US$ 96 millones en el PGN 2019. Además, US$ 53 millones se asignarán al Ministerio de Salud, principalmente para contratación de personal de blanco”.

Hacienda estima que el 73% de lo recaudado por el Estado se destinará al pago de remuneraciones, superior al cierre estimado para este año, 70%.

MUCHA NECESIDAD, POCA PLATA VS INTERESES DE LOS POLÍTICOS

César Barreto, exministro de Hacienda.
César Barreto, exministro de Hacienda.

Fuera del terreno donde se estudia el Presupuesto General de la Nación (PGN) ven que se levanta un escenario poco propicio para la construcción de un plan presupuestario elevando la calidad del gasto. César Barreto, exministro de Hacienda, destacó que el PGN 2019 enfrenta “mucha necesidad, poca plata y varias metidas de mano que prometen dar pie al tira y afloje”.

El Poder Ejecutivo remitió a mediados de la semana pasada la Ley más importante de la República. Esta ya fue precedida de pedidos de ampliación presupuestaria que agravan aun más el escenario financiero.

Apuntó Barreto que “el Presupuesto General de la Nación suele ser modificado como fruto de negociaciones parlamentarias, que muchas veces no están en línea con las prioridades del país”. Asume que “existen muchas necesidades que deberán ser enfrentadas con escasos recursos”.

En este contexto, los políticos ingresan a extensos debates y arrastran a los organismos públicos a “a un tire y afloje”, y tiene como elemento de discusión sus pedidos de aumento presupuestario versus intereses políticos.

“La elaboración del presupuesto es un proceso complejo, lo ideal sería que uno empiece de cero y rehaga todos los años tratando de priorizar todos los programas que son más importantes desde el punto de vista de la prestación de servicios públicos para la ciudadanía. En la práctica, hay compromisos que se asumen desde hace muchos años y hacen que el presupuesto tenga una alta rigidez y dificultades para poder modificar los recursos”, apuntó el economista.

Destacó Barreto que el Ejecutivo y el Legislativo deben coincidir en su agenda “porque hoy los déficits más importantes y que demandan una mayor inversión se dan en las áreas de educación y salud, sobre todo atendiendo a los reclamos ciudadanos, sin dejar de lado al tema de la seguridad”.

Sin embargo, y tras asumir que el Congreso tiene gran influencia en la elaboración del presupuesto no siempre los cambios que introduce “muchas veces son fruto de negociaciones que no siempre están en línea con las prioridades que se ven en el país”, admitiendo que algunos aumentos no condicen con las necesidades reales.

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