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La propuesta del gobierno sigue siendo la misma herramienta, la Ley 5.527 de Rehabilitación Financiera que ya arrojó buenos resultados desde abril del 2016. Los números del Banco Nacional de Fomento y del Crédito Agrícola de Habilitación lo corroboran y desacreditan a las protestas. Los beneficios para los pequeños productores por todo lo ejecutado hasta hoy están próximos a US$ 50 millones. Ambas entidades aseguran que no será factible la aprobación de refinanciación a listas cerradas, tal como lo proponen las organizaciones campesinas. Aunque el Congreso apruebe US$ 34 millones igual aplicará el mismo sistema de caso por caso y solo se aprobarán las deudas agrícolas. El plan vigente también dispone tasas subsidiadas para el sector.
ASUNCIÓN.- La propuesta del gobierno no sale de la misma que estas organizaciones asumieron en abril del 2016. Reestructurar las deudas bajo el requisito de que las mismas provengan de la actividad agropecuaria de los peticionantes. “Para ello, necesitamos las listas que las organizaciones se niegan a entregar; de otra manera no se podrá avanzar”; explicó Carlos Pereira, presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF). En similares términos se manifestó Amanda León, titular del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Pereira hizo referencia al acuerdo firmado en abril de 2016 y explicó que “es muy ventajoso; tiene quitas, refinanciación a plazos importantes, años de gracia, y se otorgó nuevos créditos. Estas concesiones que ya se aplican desde el año pasado tiene un componente importante de tasas subsidiadas; el promedio de tasas de ese servicio era hace un año de 35% esta gente fue asistida a menos del 10%; tenían 25% de subsidio y multiplicado por los caso G. 80 mil millones, que hacían el total entre Fomento y Crédito Agrícola que han refinanciado en esas condiciones con dos años de gracia a tasas de menos del 10% y hasta 10 años de plazo, eso daba un diferencial de casi G. 20 mil millones que ellos no han pagado bajo la quita de intereses y del capital que se financió con el 25% menos del costo promedio del mercado”
La administración financiera del gobierno insiste en reabrir la lista presentada e incluir en ella los 17.000 pequeños productores que según Luis Aguayo, dirigente campesino están fuera de la cobertura de la Ley de Rehabilitación Financiera y para ellos exige la condonación de deudas.
“No solo para un listado de solo 17 mil personas, que representa menos del 10 % de los 200 mil pequeños productores sino para todos los pequeños productores”, dijo Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería.
GESTIÓN DE BNF
El acuerdo de Fomento con los bancos privados fijó la atención en las deudas generadas en la actividad agrícola. Pereira destacó que “sobre esa base recibimos 1.966 carpetas y nuestros funcionarios fueron a verificar en situ la situación de cada uno de los deudores; las parcelas, si realmente se utilizó el crédito en la producción agrícola”.
Los técnicos constataron que 1.300 carpetas no cumplían el principal requisito, “tenían parcelas, pero no estaban trabajadas, no tenían cultivos; en ese momento no se dedicaban a la agricultura”, dijo Pereira.
Una vez aplicado el filtro el Banco de Fomento adquirió la deuda de 616 personas por un valor de G. 4.952 millones.
LOS MOTIVOS QUE IMPIDEN CONDONACIÓN O SUBSIDIO
Varios son los motivos, entre ellos legales, los que impiden la aprobación de una condonación o subsidio solo para un grupo de 17.000 pequeños productores.
* No existe una lista oficial que permita analizar el contenido
* La Constitución Nacional no permite la creación de una Ley que rija para un listado arbitrario de personas. Todos los ciudadanos deben afectados por una misma Ley.
* No es factible la aplicación de normas de privilegio a 17.000 personas por sobre un universo de 200.000 familias de pequeños productores. No llega ni al 10% del total.
* Un cálculo base US$ 2.000 de beneficio por familia el costo rondaría US$ 400.000 millones. Económicamente inviable para el gobierno.
* La condonación saca del circuito crediticio al sujeto afectado.
