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De “gran estrella” a la vergüenza

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Por: Cirilo Ibarra Enciso. Periodista de ADN en Mariano Roque Alonso
Por: Cirilo Ibarra Enciso. Periodista de ADN en Mariano Roque Alonso

Como todos los años, la ciudad de Caazapá vivió a pura fiesta esta última semana de enero. La Expo, la celebración en honor al Santo Patrono San Pablo, la realización del mayor espectáculo artístico del país, como lo es el festival Ycua Bolaños, la fiesta social del club 25 de Enero y otras actividades a las que se asoció hasta el fútbol, porque la Selección Caazapeña llegó a la recta final del campeonato Nacional de Interligas.

En todos los eventos tradicionales, durante 5 años, la “gran estrella” fue el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Esta vez fue el “gran ausente”, porque tal vez no quiso exponerse y correr la misma suerte del senador Eduardo Petta, quien hace unos años, siendo director de Policía Caminera, fue rajado a huevazos del festival.

Díaz Verón es caazapeño y se ha convertido en figura de primera fila en los eventos, en especial en el festival. Era orgullo para muchos, pero de la noche a la mañana pasó a ser una vergüenza. Está sospechado de enriquecimiento ilícito, denunciado por supuesto mal desempeño de funciones y estuvo en el umbral de un Juicio Político.

Pero, a pesar de su ausencia, no fue olvidado, porque no pasó desapercibido el momento que enfrenta el actual del fiscal general. Pero se le pudo haber evitado esa situación, porque el mismo ya está con mandato vencido y debió irse a su casa hace mucho, pero como dice el refrán “el chancho no tiene la culpa, sino el que le da de comer”. Y en este caso, los senadores son quienes le dejan seguir, sigue dilatando el pedido del Poder Ejecutivo, de nombramiento de una nueva titular del Ministerio Público, en este caso de Sandra Quiñónez.

En los últimos tiempos, algunos medios de comunicación publican los presuntos hechos ilícitos en los que estaría involucrado el fiscal general, Javier Díaz Verón. Sin embargo, para el diario ADN los supuestos delitos ya no constituyen novedades, porque ya en el mes de octubre del 2013, justamente por denuncias de caazapeños, se hizo eco de los que pedían al entonces fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui, que incluya a “su jefe” en la orden que dio para la apertura de tres nuevas investigaciones de oficio por los supuestos hechos punibles de cobro indebido de honorarios, estafa y lesión de confianza.

En aquel momento, se inició la denuncia desde el mismo seno familiar del fiscal general. Por ejemplo, los empleados de la radio Yerutí de Caazapá, que es de la familia Díaz Verón, tendrían salarios del Ministerio Público. Muchas personas sostuvieron que el primer investigado por este caso, por los presuntos pagos indebidos, estafa y lesión de confianza, debió ser Díaz Verón.

La reacción de los caazapeños se produjo cuando en el portal de la Fiscalía General del Estado se leía que se “investigará de oficio otras causas por presuntos cobros indebidos de honorarios, estafa y lesión de confianza”.

En aquel momento, se remarcó que centenares de caazapeños fueron incorporados a la Fiscalía desde diciembre del 2011. Las figuras utilizadas para “estos planilleros”, según dicen, son los de asistente, auxiliar y chofer. Los sueldos oscilaban entre el mínimo y G. 4 millones, incluyendo hasta bonificaciones.

Los denunciantes dieron a conocer una larga lista, pero no quisieron especificar quienes trabajan en la radio y tampoco quienes son parientes de Javier Díaz Verón, pero aseguraron que el mismo padre del fiscal, Vicente Díaz, más conocido como “Chacho”, era uno de los beneficiados. Él es jubilado en la función pública, como empleado de varios años de la Municipalidad de Caazapá.

En aquel tiempo, los agentes fiscales Yolanda Portillo y Aldo Cantero, y como coadyuvantes a José Dos Santos, Silvia Cabrera, Martín Cabrera, Luis Piñánez y Claudia Criscioni, fueron los encargados de averiguar todos los casos denunciados, en todas las instituciones públicas, la presencia de “planilleros” y de la inmensa cantidad de parentelas de parlamentarios, de ministros, directores, jefes de los distintos entes estatales.

Existe un informe en el Ministerio Público sobre los funcionarios incorporados al mismo. Ante los hechos denunciados, la “estafa al Estado” con las incorporaciones de supuestos trabajadores, en abierta violación de varias leyes, la Fiscalía informó en su momento:

“En el Ministerio Públicos desempeñan funciones el fiscal general del Estado, 16 fiscales adjuntos y 358 agentes fiscales que han accedido al cargo de conformidad a los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional”.

Agrega que “se encuentran incorporados en la institución, un total de 4.338 funcionarios permanentes y 726 contratados. Los mismos se encuentran distribuidos en 105 sedes fiscales de la Capital, Área Metropolitana e interior del país.

En Caazapá se sostiene que los mencionados datos son falsos, porque en esa ciudad se sabe todo quienes cobran en forma irregular y quienes fueron incorporados violando la propia Constitución Nacional.

Por todas estas razones, hoy el fiscal general caazapeño decepcionó a esa comunidad y de una ilustre personalidad, se convirtió en vergüenza y ya no se animó asistir al gran evento del fin de semana.

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