Lunes , noviembre 19 2018
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Gravar las ganancias y no a la producción

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El tema del impuesto a los agro-negocios ha vuelto al tapete y será tratado en el pleno del Senado en el curso de los próximos días.  A buena hora, tratándose de un sector que está muy lejos de aportar al fisco lo que en materia de Justicia tributaria corresponde y, sobre todo, en momentos en que se viene apretando las clavijas a otros sectores que gozaban de similares privilegios. La cuestión a definir es qué tipo de gravamen se les debe establecer. Si es a la exportación de granos en estado natural, léase soja, trigo, maíz y girasol, tal como propone la bancada del Frente Guasu, que como veremos terminaría beneficiando a las grandes transnacionales;  o si es sobre el lucro todos los que forman parte de esta actividad económica, como plantean los senadores del PLRA Blanca Lila Mignarro y Fernando Silva Facetti, lo cual parece más razonable, aunque no deja de tener sus “peros”.

Los promotores de la primera opción afirman que dicho mecanismo sería de fácil implementación y permitiría un ingreso anual seguro a las arcas del Estado de aproximadamente 300 millones de dólares. Un proyecto que parece muy atractivo, pero como dice el refrán, “no todo lo que brilla es oro”. En primer lugar, al tener como centro de la política impositiva  la exportación de granos, a cargo de firmas gigantescas como ADM, Cargill, Bunge y otras,  lo que hacen estas es agregarles una pizca de valor al producto, para que ya no se encuentren en “estado natural”, con lo cual no tributarán por más del 40% del total de lo que exportan. Pero más grave aún. El 60% restante sencillamente descargarán sobre los intermediarios, éstos sobre los acopiadores, y estos sobre los productores, sean pequeños, medianos o grandes. En consecuencia, el proyecto del Frente Guasu termina siendo altamente beneficioso para las grandes transnacionales y, en términos prácticos, un duro castigo a la producción.

El proyecto de los senadores liberales resulta más justo y más lógico. Que los importadores de insumos agrícolas, desde insecticidas hasta grandes cosechadoras, tributen sobre sus ganancias. Del mismo modo los productores, según el resultado de la cosecha, los intermediarios que acopian el producto y desde luego los exportadores; es decir que aporten todos los que forman parte de los agro-negocios en función al lucro que obtengan en cada campaña.

El “pero” o la objeción que se puede hacer a esta propuesta es cómo implementar mecanismos eficientes de control, que tiene a tantos actores como protagonistas. Cómo evitar que se registren altos niveles de evasión fiscal, en un segmento tan amplio y muy “escurridizo” a la hora de asumir obligaciones tributarias. Este es el punto débil del proyecto “Mignarro-Facetti”, quienes deben garantizarnos, disposiciones mediante, que la normativa no se convertirá luego en un fiasco, como lo fue el Iragro hasta el presente.

Hecha la salvedad, resulta claro que este último es el camino por el cual debemos transitar, para encaminarnos hacia un sistema tributario más justo y equitativo, en el cual quién tenga más, pague más.

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