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ASUNCIÓN.– Justo Cárdenas, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), indicó que el conflicto suscitado tras el desalojo en la colonia Guahory (Caaguazú) es un buen elemento para hacer una Cumbre de Poderes y tratar de llegar a una solución por la vía que corresponda. Ayer, nuevamente, mencionó aspectos de cómo se inició hace años la colonia Guahory, del municipio de Tembiaporã (Caaguazú) donde la semana pasada fueron desalojadas unas 200 familias de paraguayos, debido a un reclamo judicial de las tierras proveniente de brasileros.
“Guahory es una colonia que tiene aproximadamente 20 años. Desde 1997 el ex IBR ha expedido títulos y lo ha hecho dentro del marco de una legislación que hoy ya no está vigente. Que estuvo vigente hasta el año 2002. En ese momento posibilitaba que cualquier ciudadano que viviera en el Paraguay, independientemente a la nacionalidad del mismo, pudiera ser sujeto a la reforma, es decir, pudiera adquirir tierras públicas. Con la ley vigente, desde el 2002, la reforma agraria se caracteriza única y exclusivamente a paraguayos naturales. En aquel tiempo IBR vendió esas tierras a unos brasileños, no eran ni siquiera brasiguayos”, apuntó.
Con el correr del tiempo, según Cárdenas, algunos paraguayos que compraron esas tierras con aquella legislación, volvieron a vender y se produjo una especie de distorsión de la ley porque tanto, esta como la anterior ley, exigía un plazo de 10 años para volver a vender la propiedad. Administrativamente el Indert, según su titular, no puede hacer absolutamente nada. “Si hay una intención de que esos títulos se anulen debe ser por vía judicial a través de un juicio de nulidad de títulos. No hay otro camino”, apuntó.
En otro momento manifestó:“Creo que es un buen elemento para hacer una Cumbre de Poderes y tratar de llegar a una solución por la vía que corresponde. Creo que hay que sentarse a debatir con los papeles y documentos que existen porque hay títulos legales que no van a poder ser demandados, otros si, también está la distorsión que hizo un funcionario de otorgar a sus parientes, porque esa es una realidad cierta. Todo este tipo de casos se debería analizar y podría ser recurrible ante la justicia, pero haciendo un análisis caso por caso”, explicó Cárdenas, quien señaló que la expropiación también es otra salida, pero eso debe definir el parlamento.
Con respecto a la aparición de políticos en la zona de conflicto en los últimos días, especialmente del PLRA, refirió: “Considero que lo que hace Efraín Alegre (presidente liberal) es una falta de respeto a la ciudadanía, promoviendo un populismo barato, que no tiene. Le pregunto a Efraín Alegre: ¿Qué hizo durante los años que estuvo en el poder. Primero con el gobierno de Lugo y luego cuando el PLRA asumió la presidencia”, remató.
