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Hace unos días, Mario Abdo Benítez, el candidato colorado a la Presidencia de la República, dijo que, de ganar las elecciones de abril, estaba entre sus planes convocar a un diálogo nacional para sentar las bases de una nueva Constitución, que surgiera como fruto de un pacto político.
Todo esto, incluidas las elecciones de convencionales constituyentes y la redacción y sanción de la nueva Ley Marco, se realizaría en el 2019, no tan pronto luego de las generales de este año para que las instituciones y la ciudanía pudieran recuperarse del intenso proselitismo de este año; y no tan avanzado su mandato partidario, de manera que cualquier sospecha de interés en la reelección caiga en el vacío, por su propio peso.
El tema que genera mayor expectativa es el de la renovación judicial. Mucho más luego del escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que, aunque son ilegales, parecen demostrar un intenso y permanente tráfico de influencias entre la clase política representada en el Congreso y los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.
El planteamiento que hacen varios sectores es que, a fin de evitar la injerencia política, especialmente en órganos extrapoderes, como el JEM y el Consejo de la Magistratura, se establezca un modo de elección de sus miembros, en el que no participen las cámaras del Congreso. Y ahora, también se plantea que ningún representante del Legislativo forme parte de ambos colegiados.
Aunque este es un tema fundamental y sobre el que, seguramente, girará gran parte del tiempo que trabajará la Convención Nacional Constituyente, es apenas uno de los tantos puntos en los que la Constitución necesita ser reformada. Se deben incluir figuras nuevas, como la revocatoria de mandato, y aclarar otras que se prestan a diferentes interpretaciones.
Aunque ni Marito ni su colega, el senador Silvio Ovelar, quisieron darle mayor importancia al tema de la reelección presidencial, es obvio que figurará entre los temas que se plantearán en esa convocatoria a todos los sectores políticos, sociales y ciudadanos, con los que el presidenciable pretende realizar el pacto político.
Luego de 27 años de la sanción de la actual Constitución, parece obvio que llegó el momento de hablar de un segundo mandato presidencial. Recordemos que en ese entonces, se legisló con temor al retroceso y para evitar que Andrés Rodríguez pudiera siquiera pretender ser reelecto, porque es lo que habíamos sufrido durante 36 años.
Las cosas cambiaron y la sociedad ha madurado lo suficiente como para premiar con su voto a quien hizo bien las cosas y castigar a quien las hizo mal. Marito dijo que no le parecía correcto que quien encabece el diálogo nacional –obviamente, espera ser él- fuera beneficiado con uno de los artículos a ser reformados, es decir, con la reelección.
De acuerdo a analistas consultados, esto tiene mucha lógica, al igual que su solución. Se debe incluir la reelección presidencial y la de los gobernadores (ambos cargos son los únicos que no pueden aspirar a un segundo mandato), pero haciendo la aclaración de que la misma no alcanzará a quien esté en ejercicio de la Presidencia en el momento de la sanción de la nueva Carta Magna.
Sencillo y claro. Así es como deben ser redactados los artículos de la nueva Constitución, para que no se presten a interpretaciones ni confusiones. Esperemos que esta vez, el debate sea serio.