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La idea de comisar los bienes de capos de la mafia organizada era que no pudieran continuar con el negocio desde la prisión. Y es una idea positiva, porque la única forma de evitar que estos personajes siguieran con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y todas las formas del crimen organizado, era dejarles sin plata.
Pero desde que fue detenido el presunto capo narco Reinaldo Cabaña, alias Cucho, las cosas se hicieron mal, y lo hemos advertido varias veces, igual que reconocidos juristas que no pueden creer cómo se puede elaborar algo tan mal hecho como esto, puesto que, en ningún lugar del mundo, el Estado tiene derecho a disponer de los bienes incautados y comisados, sino solamente administrarlos, mientras dure el proceso y hasta que no haya una sentencia firme y ejecutoriada.
Su mansión, primero presentada como atracción turística y luego alquilada a un mecánico que ni siquiera podía pagar el irrisorio alquiler de 7 millones de guaraníes; su auto lujoso, usado por efectivos de la Senad en las playas de Encarnación, son apenas muestras de lo lamentable de las decisiones que se tomaron en torno a los millonarios bienes incautados de Cucho.
Los bienes muebles (incluidos los vehículos) debían llevarse al depósito de la Fiscalía, o de la Senabico, ya que se la creó para el efecto. Y los inmuebles, sellados y conservados intactos hasta que haya una definición del caso. Si la sentencia es favorable a Cabaña, sus bienes deberán ser devueltos intactos, salvo el desgaste del paso del tiempo. Solamente si ocurre lo contrario, es decir, es declarado culpable, el Estado tendrá derecho a disponer de dichos muebles.
Ahora resulta que lo que no se usa al antojo de los órganos que deberían velar por ellos, son robados, rapiñados por funcionarios de las instituciones que deberían haber cuidado de ellos, tal como el juzgado competente, la Fiscalía, Senabico y la Senad. Todo es tan absurdo que, de acuerdo a datos proveídos por el abogado defensor de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, el monto total de lo que desapareció está a punto de superar el que sirvió de base para detenerlo, 199 mil dólares.
Esto es desastroso. No puede ser que sigamos siendo tan inoperantes, mediocres y chapuceros a la hora de manejar un caso medianamente importante, especialmente cuando se trata de combatir al crimen organizado, mostrando que para lo único que sirven las instituciones del Estado es para perseguir a ladrones de gallinas, pero cuando se enfrentan a un presunto delincuente, con poderosa fortuna, sus funcionarios se vuelven locos y piensan que automáticamente los bienes pasan a ser de su propiedad.
Al final, llegamos al absurdo de rogar que la Justicia declare culpable a Cucho, y no por el deseo de que los sinvergüenzas vayan a la cárcel, sino porque de esa manera, sus bienes pasarán a poder del Estado. Lo más probable es que en ese momento ya no exista nada pero, por lo menos, se evitará que las arcas públicas tengan que responder, devolviendo al propietario lo que se le robó, destruyó y rapiñó, lo que sí ocurriría si es declarado inocente. Y ya sabemos quién es el que paga el vito que se hace con el dinero público, todos nosotros.