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Hay que pasar del discurso fuerte a los hechos concretos y valientes. Ley que elimina gastos superfluos debe ser aprobada ya por el Congreso

ASUNCIÓN. Algunos analistas consideran que es alevosamente contradictoria la postura asumida por el oficialismo, que esta misma semana convocó a una mesa de diálogo para iniciar el proceso de reforma del Estado y, poco después, impidió que se tratara en el Senado un proyecto de Ley que, justamente, elimina los gastos superfluos, entre otros grandes cambios que propone en la Administración Pública.

La idea que se tiene es que el proyecto tiene el problema de haber sido presentado por un integrante de Honor Colorado, el senador Sergio Godoy, además de que el Ejecutivo no tiene intención de ceder los laureles por haber encabezado la reforma del Estado, lo que da cuenta del poco interés que hay, en realidad, en que las cosas cambien desde las mismas estructuras del mismo.

Las bancadas de Añetete y Frente Guasu dejaron sin quórum la sesión de ayer, justo cuando el Senado se aprestaba a tratar el proyecto de Godoy. Justificando esta actitud, Silvio Ovelar dijo que había varios proyectos y no se había socializado ninguno, lo cual no es cierto, ya que el cartista ya lo había presentado el año pasado y fue suficientemente discutido, no solo a nivel interno de la cámara sino con gente de Hacienda.

Las decisiones adoptadas hasta ahora son provisorias y destinadas exclusivamente a enfrentar la crisis actual. Por ejemplo, el descuento que se realizará al salario de funcionarios que ganan más de 37 millones de guaraníes durará 3 meses, tal como ya lo anunció el ministro de Hacienda. Pasado ese plazo, estos funcionarios volverán a cobrar lo mismo de antes, lo cual es inaceptable en un Estado que priorice su buen funcionamiento y no los privilegios. Nadie debe ganar más que el presidente de la República, de manera permanente, ya sean funcionarios de la administración pública o de las binacionales.

El proyecto que elimina los gastos superfluos e impide que autoridades ubiquen a sus familias en la administración pública, hasta el cuarto grado de consanguinidad, es permanente y significará una verdadera revolución en el funcionamiento del Estado. Pensar que el oficialismo impedirá su tratamiento porque el vicepresidente de la República pretende quedarse con los créditos, es una bofetada a la población.

Es de esperar que se cumpla la promesa de Beto Ovelar, y el proyecto sea tratado, de manera urgente, en el Senado la próxima semana. La ciudadanía no puede seguir esperando que haya alguna nueva pandemia para que el gobierno piense en ella.

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