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José Martínez, miembro de la comisión que investigó las denuncias contra el sacerdote argentino Carlos Ibáñez, acusado por pedofilia cometida en Córdoba, Argentina, afirmó “a título personal”, que la Iglesia Católica paraguaya cometió “negligencia” al permitir que el cura oficie misas en nuestro país, sin tener en cuenta su negro antecedente. Aseguró que el informe final de la investigación ya está totalmente redactado. Aclaró que el arzobispo Edmundo Valenzuela y el nuncio Eliseo Ariotti, estuvieron dentro del proceso de investigación, pero solo para aportar datos.
CIUDAD DEL ESTE.- Carlos Ibáñez llegó a Paraguay a mediados de 1992, procedente de Bell Ville, Córdoba, Argentina, donde dejó, además de las denuncias sin aclarar, una ciudad conmovida por los casos de pedofilia que le fueron atribuidos y de la forma en que se escapó de la Justicia local. Ibáñez es investigado por denuncias de abuso sexual de al menos 10 jóvenes en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina, a principios de los ’90. Se radicó en dicho año en el Paraguay y desde entonces no ejerció el sacerdocio, hasta que en el 2014, bajo el patrocinio, según Martínez, de un obispo argentino a quien citó por el apellido de Rodríguez, pide a la Diócesis de San Lorenzo, que en ese entonces el obispo era monseñor Adalberto Martínez, sin más trámite, le concede la venía para ejercer su ministerio.
“Estuvo más de doce años como cura acéfalo. En ese tiempo no tenemos pruebas de que haya realizado misa. Viene al Paraguay el monseñor Rodríguez y aboga por él (por Ibañez) y ahí monseñor Martínez le da permiso para hacer misa”, comentó Martínez.
Este singular hecho hizo que Ibáñez ejerza libremente sus funciones como sacerdote, oficiando misas, trabajando con jóvenes y paseándose por varias comunidades religiosas en nuestro país, hasta hace apenas unos meses. Con la carta eclesial como respaldo, Ibáñez se metió de lleno al mundo académico.
La anuencia otorgada por el monseñor Adalberto a Ibáñez fue calificada de “negligencia” por el representante de la comisión que investigó el hecho, aclarando que lo hacía en carácter personal. “El hecho de habérsele autorizado(a Ibañez) a oficiar misas, sin antes averiguar sus antecedentes, es lo que podríamos calificar de “negligencia”, ya que se le ha otorgado muy rápido sus funciones, sin que se realice los trámites pertinentes, pero aclaro, estas apreciaciones las hago a título personal, porque somos 5 o 6 en la comisión y por supuesto, tenemos posturas diferentes al respecto”, dijo José Martínez.
Igualmente informó que Ibáñez nunca fue incardinado (vinculado de manera permanente a una diócesis determinada) en Paraguay y tampoco fue excardinado en Córdoba (separado de una Diócesis para ser trasladado a otra), que de acuerdo al Derecho Canónico, se debe cumplir con este procedimiento para ejercer el sacerdocio. “Ibañez nunca fue incardinado en Paraguay y tampoco fue excardinado en Córdoba, por lo tanto no se cumplió con el Derecho Canónico y tampoco se investigó antes para autorizarlos a ejercer el ministerio sacerdotal; por lo tanto, para mí y lo digo a título personal, hubo una negligencia”, reiteró Martínez. Respecto al plazo de 90 días para realizar la investigación, aspecto cuestionado duramente por Sindicato de Funcionarios de la Universidad Católica, Martínez refirió que los “sindicalistas están equivocados, ya que el plazo para presentar el informe aún no ha fenecido”, destacó.
En cuanto del por qué el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela y el Nuncio Apostólico, monseñor Eliseo Antonio Ariotti, no fueron interpelados por supuestamente apañar a Ibañez, informó que ambos prelados igualmente aportaron datos mediante un cuestionario que la propia comisión les acercó.
BLINDAJE ECLESIAL Y POLÍTICO
A mediados de los 90, la Justicia paraguaya se negó dos veces a proceder a su extradición, a pesar del pedido realizado por la Justicia argentina. En 1997 y a pesar de gestiones de la Embajada argentina en Paraguay, que tomó parte en la causa, la Justicia paraguaya rechazó una reapertura del proceso de extradición.
Finalmente, el 18 de noviembre del 2004, la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema paraguaya dio vía libre al proceso de extradición. Sin embargo, ya era tarde, en los estrados judiciales de Bell Ville el caso se había extinguido. De esta manera, el sacerdote Carlos Richard Ibáñez, alias “Richardi”, logró evitar el proceso por supuestos abusos sexuales contra menores en Córdoba. Para Julio López, secretario general del Sindicato de Funcionarios de la Universidad Católica, el sacerdote acusado por pedofilia, tuvo, además de la protección judicial, el amparo de las autoridades eclesiales, por lo que el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela y el propio Nuncio Apostólico, monseñor Eliseo Antonio Andreotti, deben ser procesados por el hecho de haber “protegido” al sacerdote. “Lo más grave es Ibáñez estuvo en la zona reservada para los sacerdotes en el altar que se hizo en Ñu Guasu, en julio del 2015, durante la visita del Papa Francisco al Paraguay. Estuvo a metros del papa y de eso es responsable el arzobispo y el nuncio, por lo que deben rendir cuentas al respecto”, significó López.
