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La semana pasada, fue presentado en la Cámara de Diputados, un “Plan de Seguridad Ciudadana, un compromiso de todos”, que según se dijo, tiene como objetivo combatir “motochorros”, ante el auge de la inseguridad producida por hechos protagonizados mediante esta modalidad delictiva.
El título bajo el cual se arropa, se “apropia” del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 – Seguridad Ciudadana, Compromiso de Todos ¡Solo faltas tú!”, elaborado en el Perú, fue presentada la iniciativa, que según el portal de Diputados, fue elaborado por una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por el Diputado Dany Durand Espínola, e integrada por “…representantes de la Corte Suprema de Justicia; el Ministerio del Interior – Policía Nacional; jueces penales de garantía; el Ministerio de Justicia; la Patrulla Caminera; entre otros…”.-
Lo llamativo del caso es que del contenido del “plan” apenas tenemos información a través de las declaraciones efectuadas por las autoridades que participaron del acto de su presentación, y nada más.
Mediante ellas, la sociedad ha sido informada que las seis “medidas base” de esta iniciativa son: “el cumplimiento de la Ley 1 .685, que en su artículo 16 estipula la retención de los vehículos sin chapa; el cumplimiento de la Ley 5.016, que en su artículo 76 habla del uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo; el cumplimiento de la Ley 1.160 y del actual Código Penal; acompañar el proyecto de Ley que aumenta la pena para los reincidentes en delitos de 10 a 20 años, la construcción de cárceles modelo en el país desde el año entrante; y el Observatorio de Videovigilancia y Seguridad Ciudadana, que está siendo implementado, primeramente, en Barrio Obrero y otros puntos de Asunción con apoyo del sector privado”.
Pero, si este – nada más – es el “Plan” con el que se pretende mejorar el nivel de seguridad de nuestra sociedad, no podemos albergar muchas esperanzas en que se reduzcan a corto, mediano o largo plazo, los elevados índices de criminalidad que se registran en nuestro país.
Hace más de veinte años, se encuentra vigente la Ley Nº 608/95, “Que crea el Sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor”, y desde entonces se han dictado varias leyes modificatorias, muchas veces, postergando o flexibilizando sus exigencias, y la disposición legal(Ley Nº 1.685), cuyo cumplimiento reclama hoy, el “plan” elaborado por el diputado Durand, cuenta con quince años de antigüedad, sin que las autoridades encargadas de su aplicación, se hayan preocupado, jamás, de cumplirla y hacerla cumplir.
El “original plan” pretende que – como por arte de magia, a partir de ahora – las autoridades de aplicación de la norma asuman el compromiso de su cumplimiento, y que, como consecuencia de una maravillosa metamorfosis abandonen las prácticas corruptas y extorsivas que les reportan importantes ingresos ilegales, reteniendo vehículos sin matrícula, sin exigir “coimas” para liberarlos.
Pretende que la conducta y la moral de las autoridades de aplicación de la ley corrijan su comportamiento, solo porque el “plan” lo requiere, sin que ningún proyecto de ley contemple sanciones para aquellos funcionarios que se aparten del cumplimiento de sus obligaciones. ¡Es como pretender que el gusano se convierta en mariposa, por su mera voluntad y no por exigencia de la norma!!!.
Ni siquiera vale la pena escarbar en las profundidades del tema cuando no resiste el menor análisis la pretensión de vincular la matriculación de motocicletas con la disminución del índice de violencia atribuida a sus usuarios, pues a nadie escapa que para protagonizar robos, asaltos y otros crímenes, los “motochorros” pueden utilizar motocicletas o matriculas robadas, sin ningún impedimento, tal como lo hacen los delincuentes que se movilizan a bordo de automóviles robados al solo efecto de perpetrar sus fechorías.
Pero el “plan” que – se supone – debe brindar seguridad a la sociedad, no se limita a reclamar el cumplimiento de las obligaciones propias de la autoridad, incluyendo el Código Penal, que está cerca de cumplir veinte años de vigencia, sino que contempla la posibilidad de “aumentar” las penas aplicables, como si el endurecimiento del sistema represivo hubiera resultado beneficioso en alguna región del mundo.
Si de endurecer penas dependiera la solución del problema de la inseguridad ciudadana, bastaría con elevar todas las sanciones para devolver la paz a la sociedad, pero no es así. Es absurdo suponer que un delincuente, con el Código Penal a mano, dedica algún esfuerzo a identificar la pena que le pudiera corresponder en caso de ser descubierto.
Nadie, en su sano juicio, puede pensar que el delincuente hace los cálculos un jurídico/penal previo a la comisión del hecho delictivo. Que dice, “si uso arma de fuego puedo ir 10 años a la cárcel, si la utilizo para herir mi castigo puede llegar a 20, pero si mato, me caerán 30”.
Nadie en su sano juicio puede pretender que por el miedo al tiempo de cárcel que pudiera corresponderle, el delincuente consuetudinario, de la noche a la mañana, dejará de delinquir, porque aumentó el tiempo de la pena carcelaria que podría corresponderle.
Nadie en su sano juicio puede sentirse satisfecho cuando las autoridades nacionales enfocan sus esfuerzos a mejorar las respuestas represivas, es decir, aquellas que deben ser aplicadas después de ocurrido el delito o crimen, olvidando, o mejor dicho soslayando que la base de la seguridad ciudadana es la prevención destinada a evitar la comisión de hechos delictivos.
Lamentablemente, luce evidente que nuestras autoridades no logran entender esto, porque están más interesadas en el “impacto mediático” que pueden obtener con la presentación de sus planes, que en la búsqueda de resultados sostenibles. Y lo peor de todo: solo demuestran que ostentan un alto grado de improvisación.
