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ASUNCIÓN.- El fiscal Yoan Paúl López investiga el perjuicio de G. 13.165.957.792 por la adjudicación irregular del subsidio estatal que benefició a transportistas. En ese sentido, el representante del Ministerio Público imputó ayer martes a 18 empresarios de 6 empresas de transporte público, por los hechos punibles de fabricación de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, estafa y adquisición fraudulenta de subvenciones.
Según la investigación, se estima que un total de 123 buses presumiblemente irregulares de un parque de 259 habilitados, fueron beneficiados con el subsidio. “Para dicho beneficio, las empresas de transporte, debían contar con todas las documentaciones respaldatorias sobre el título de dominio de los buses e inclusive, la inspección técnica vehicular al día. Con todo ello, se presentaba ante el departamento de habilitación de la SETAMA, hoy Viceministerio de Transporte, al efecto de que él órgano de aplicación, dictamine sobre las documentaciones en orden que la normativa exige y con ello, previo dictamen, el MOPC autorizaba la orden de pago, vía Ministerio de Hacienda, correspondiendo a cada bus, el subsidio cuyo monto fue variando a lo largo de los años en virtud a decretos del poder ejecutivo”, señaló del fiscal López.
Parte de la imputación refiere: “Las constancias y certificaciones falsas del año de fabricación han producido un efecto relevante en el ámbito jurídico y público en la concesión errónea de permanencia en la vía pública prestando servicios y con ello finalmente la relación jurídica más relevante entre las empresas de transporte y el Estado Paraguayo, con relación al otorgamiento del régimen de subsidio al Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana, que fue variando a lo largos de los años, llegando a sumas considerables”.
Igualmente, el documento señala que, “Para que ésta concesión permisionaria se renovara por otros 7 años más, es menester que los documentos indefectiblemente deben estar suscriptos a nombre de la empresa con título de propiedad que acredite la titularidad del dominio de los buses a su nombre, por medio de escrituras públicas inscriptas en la Dirección de los Registros Públicos y certificado expedido por dicha Institución en cuanto a las condiciones de dominio, entre otros requisitos. Es decir, la empresa tanto para conseguir el permiso para explotar el servicio regular, debe presentar todas las documentaciones de los buses exigidos por la Ley, ante la SETAMA, hoy Viceministerio de Transporte. En este acto y momento se inicia el “uso” de las documentaciones con falsedades ideológicas, con inconsistencias en el año de fabricación real y el de las documentaciones”.
LOS IMPUTADOS
De la línea 34 Ciudad de Limpio, resultaron imputados Juan Agripino Gómez Rivas, Carlos Darío Jara Gómez, Elias Miguel Ángel Gómez Gaona y Gustavo Adolfo Gómez Alfonso.
Fueron imputados de la línea 36 Campo Limpio S.A.: Julio Santacruz Torres Gómez, Oscar Rufino Torres, José Osmar Torres Cañete y Julio Marcelo Torres Torres.
Por otro lado, de la línea 58 Capiatá S.R.L. resultaron imputados: Edgar Ignacio Jiménez Ayala, Roberto Fernando Jiménez Ayala, Víctor Hugo Jiménez Ayala y Myrian Graciela Jiménez Ayala.
El fiscal también imputó a empresarios de la línea 203 y 110 Cerro Koi S.A.: María Teresa Quiñónez de González y Roberto Rolón Cáceres.
Asimismo, de la línea 232 Ciudad de Villeta S.A. fue imputada su propietaria Nora Mercedes Sánchez de Méndez.
Finalmente, de la línea 454 empresas 3 de Febrero S.A. resultaron imputados Claudio Concepción Arias, Darío Arnaldo Arias Amarilla y Oscar Ramón Fariña González.
La denuncia fue presentada en el 2014 por el viceministro de Transporte, Agustín Encina.
