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ASUNCIÓN.- El Ministerio Público imputó al actuario del Poder Judicial Víctor Marecos Benítez y al técnico administrativo del Poder Judicial Héctor Leguizamón López, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Tráfico de Influencias, Cohecho Pasivo y Tentativa de Extorsión. Esto como resultado de la investigación a cargo de la agente fiscal de Delitos Económicos Liliana Alcaraz.
Los procesados están denunciados por supuestamente haber solicitado USD 30.000 a familiares de un recluso, a fin de reducir la pena privativa de libertad a 5 años, en lugar de 15.
Según indican los antecedentes y la denuncia por parte de los padres del procesado, se había firmado un contrato privado entre ambos funcionarios y las víctimas, el cual estipulaba que realizarían la transferencia de una camioneta como garantía, para depositar el dinero después de que la sentencia haya sido dictada.
Luego de confirmarse la condena de cinco años, se establecía en dicho acuerdo la devolución del rodado y el traspaso del dinero. El Ministerio Público esperó que termine el desarrollo del Juicio con la sentencia para poder realizar el procedimiento de detención, que se llevó a cabo este lunes y estuvo coordinado por el jefe de Seguridad del Poder Judicial.
El vehículo se había puesto a nombre de Héctor, quien posteriormente se dio la fuga debido a la intervención. El padre del procesado se encargó de grabar todos los encuentros que tuvo con los empleados del Poder Judicial, en los cuales se oía claramente los acuerdos que planteaban para la extorsión.
