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Luego de que la Dirección de Migraciones confirmara que Alberto Ramírez Zambonini y Jaime Bestard tampoco estaban en el país cuando, presuntamente, habrían realizado reuniones de trabajo en el interior y cobrado un alto viático por ello, igual que María Elena Wapenka, la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público analiza una posible imputación por cobro indebido de honorarios y lesión de confianza.
ASUNCIÓN.- Aunque Wapenka fue la primera señalada al descubrirse que había cobrado viáticos por supuestas comisiones de trabajo que no realizó ya que ni siquiera se encontraba en el país, pronto se supo que lo suyo no era exclusivo y que esta era una costumbre bastante frecuente entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
El fiscal Hernán Galeano está a cargo de la investigación y lo primero que hizo fue pedir un informe a Migraciones sobre los tiempos en los que los tres investigados se encontraban fuera del país, a fin de ver si coincidían con fechas en las que, supuestamente, estaban en comisionamiento de trabajo. Pues lo que se sospechaba en base a las denuncias periodísticas ha quedado confirmado, los miembros del TSJE han cobrado viáticos por viajes y trabajos que nunca realizaron.
Y esto solo en los casos en los que no estaban en el país. De acuerdo con algunos documentos, Ramírez Zambonini, Bestard y Wapenka cobraban viáticos por unos tres viajes al interior al mes, así que el robo al erario público debe ser mucho más grande que solo por los casos en los que su presunto comisionamiento coincidió con un viaje al exterior.
Ante estas evidencias, Galeano decidiría esta semana imputar a todo el TSJE por cobro indebido de honorarios y lesión de confianza y enseguida se conocería al juez que se encargará del proceso.
El escándalo por el cobro de viáticos por viajes que jamás realizaron es uno de los tantos en los que están involucrados los miembros del TSJE que han convertido a la institución electoral en un circo en donde hacen verdaderos festines con el dinero público.
Los tres deben ser imputados y procesados sin aguardar que el Congreso inicie el proceso de juicio político en contra de ellos.
Las medidas deben ser duras
La lesión de confianza es un delito que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. Para algunos magistrados esto merece prisión preventiva, pero otros dan medidas sustitutivas a los procesados.
En el caso de los miembros del TSJE Alberto Ramírez Zambonini, Jaime Bestard y María Elena Wapenka, quienes serían imputados por cobro indebido de honorarios y lesión de confianza, probablemente les otorguen medidas sustitutivas y no prisión preventiva.
Pero esta vez no se deben cometer los mismos errores que en el primer caso en el que está procesado Ramírez Zambonini, relativo al caso de los planilleros en la Justicia Electoral, cuyas medidas sustitutivas fueron tan débiles, que a nadie se le ocurrió impedir que el sujeto pudiera acercarse a la institución.
Los fiscales intervinientes deben solicitar al magistrado del caso que entre las medidas establezca una orden de restricción que impida que alguno de los tres pudiera acercarse a la institución, a fin de evitar que sigan firmando resoluciones, cobrando viáticos y cometiendo todas las tropelías que les caracterizan desde hace años.
