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Inacción fiscal en escándalo que involucra a ministros por mentir en sus declaraciones juradas

ASUNCIÓN.- El Ministerio Público sigue haciendo la vista gorda al caso de los cinco ministros que mintieron en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGN). Muchos ocultaron bienes y otros tuvieron un meteórico ascenso económico.

Pese a que la Contraloría ya remitió los casos a la Fiscalía, hasta el momento no existe una investigación. En el oficialismo tampoco hay interés de esclarecer lo sucedido y la frase del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “caiga quien caiga”, parece ser, más que nada, una utopía.

De acuerdo a la versión del propio responsable del departamento de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, los cinco ministros que ocultaron sus bienes se exponen a cinco años de cárcel, pero en la Fiscalía no avanza ninguna pesquisa.

Entre los involucrados está el ministro de Educación, Eduardo Petta, quien ocultó siete propiedades de su pertenencia en la localidad de Hohenau, departamento de Itapúa. El secretario de Estado es uno de los mimados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y sus aliados, los referentes de la oposición, como el Partido Democrático Progresista (PDP).

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, es otra que ocultó sus bienes al ente contralor. La lista sigue Nilda Romero, ministra de la Mujer, tampoco declaró todos los inmuebles y vehículos que posee. También está el ex ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi.

Otro de los involucrados en el caso es el ministro de Urbanismo y de la Vivienda, Dany Drand, quien realizó una inyección de capital de unos 1.000 millones de guaraníes a sus empresas ligadas al rubro inmobiliario.

Para muchos no puede ejercer el cargo al tener acciones en una empresa privada ya que se está dedicando a otra actividad y la ley establece que al ser ministro solo puede ejercer dicho cargo, la excepción es la docencia.

A pesar de todos estos casos, los ministros y altos funcionarios del Gobierno de Mario Abdo Benítez siguen en sus cargos. Ni el presidente de la República ni el Ministerio Público tomaron medidas y una vez más queda demostrada que la frase “caiga quien caiga” es solo para el discurso.

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