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ASUNCIÓN.- El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, anunció que denunciarán antes las altas esferas judiciales la poca ayuda de jueces y fiscales para la recuperación de tierras públicas a favor de verdaderos sujetos de la reforma agraria. Cárdenas junto con el coordinador del Sistema de Información en Recursos de la Tierra (SIRT), Hugo Giménez, se reunieron ayer con el presidente Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga.
En la oportunidad, según Cárdenas, presentaron a Cartes los siete casos de colonias recuperadas por el Estado paraguayo, pero que no se pueden concretar a raíz de los juicios que obstaculizan el proceso de recuperación de las tierras públicas que están siendo ocupadas por personas que no califican como sujetos de la reforma.
“Esta es una preocupación del presidente (Cartes) teniendo en cuenta que las tierras públicas forman parte de una política de este Gobierno y tenemos cuestiones judiciales y también fiscales que no nos permiten seguir contemplando este objetivo claro que tenemos y sobre todo concretando en el tiempo que deseamos y que guarda una relación directa con la demanda social que existe de tierras en el Paraguay”, declaró el titular del Indert.
Comentó que el SIRT tiene un estudio de 167 colonias que da cuenta que existe una proyección de más o menos un millón de hectáreas de tierras públicas que no están siendo ocupadas por los verdaderos sujetos de la reforma agraria.
“Esto nos preocupa y pensamos denunciar la poca ayuda que tenemos de algunos jueces y fiscales que no actúan con la vehemencia y rapidez que necesita la demanda social de tierras públicas. Vamos a hacer las denuncias pertinentes y vamos a llevar los casos particulares a la Corte y trataremos también cada uno de los casos de hacer un trabajo mancomunado con el otro poder del Estado que es el Judicial, sin el cual no podemos concretar las tareas que llevamos adelante”, expresó.
Refirió que en el caso de la colonia Santa Lucia (Alto Paraná) en menos de cinco días fueron recusados ocho fiscales, “y es un caso patente de lo que estamos hablando y no nos permite seguir avanzando en la ocupación legítima de las tierras públicas en función a la demanda social”.
