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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Las magistradas Graciela Ortiz, Norma Girala y Nilda Cáceres condenaron a Rafael Barrios Vera a 7 años de prisión por el homicidio de Abelino López Cáceres, asimismo recibieron la sanción penal de 5 años de privación de libertad, Ramón Barrios y Juan de la Cruz Benítez, como cómplice del hecho ocurrido el 6 de junio de 2017, en horas de la mañana, en la colonia Acaray mi, de Hernandarias.
Todo el proceso fue acompañado por el perito indígena, Silvio Félix Chirife, que hizo sus recomendaciones en base al fallo del Tribunal Consuetudinario de los pueblos nativos. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Humberto Javier Rosetti, mientras que la defensora pública Mariela Balcazar, asistió a los acusados.
En el juicio oral se supo que el crimen fue en venganza por otro hecho similar, ocurrido dos días antes de la muerte de López Cáceres. En esa ocasión falleció Andrés Ramírez (tío de Rafael) y Abelino tenía conocimiento de quienes eran los responsables del caso.
De acuerdo a las explicaciones del perito indígena, el caso es conocido en la comunidad Ava Guaraní como “Ñemyemgovia”, es decir una venganza por un caso similar. Cuando López caminaba en la colonia Acaray mi, para dirigirse a su casa, pasó por las inmediaciones de la vivienda de Rafael Barrios, quien lo siguió, lo alcanzó, se originó una discusión, lo golpeó hasta quedar inconsciente y arrastró su cuerpo hasta un pastizal.
Luego, pidió a su sobrino Ramón Barrios y a Juan de la Cruz Benítez que lo ayudaran para arrojar el cuerpo al arroyo Acaray y tras eso le pusieron una piedra encima para que no pueda flotar. Horas después se supo del hallazgo de cadáver en el cauce y el diagnóstico del médico forense como causa de la muerte fue “ahogamiento”.
El cuerpo de Abelino tenía golpes en el rostro, el cuello, rotura de tabique nasal y otros rastros que indicaron que fue brutalmente golpeado, antes de ser arrojado al arroyo donde finalmente falleció. Horas después del hallazgo del cuerpo, la policía detuvo a los tres involucrados en el crimen.
Según el perito Chirife, el Tribunal Consuetudinario Indígena resolvió que la sanción para los tres acusados era que sean llevados a otra comunidad para recuperar la paz social en el grupo asentado en Hernandarias. Al respecto, la magistrada Graciela Ortiz explicó que el caso ocurrido era bastante grave y que merecía una sanción más severa.
Por ello, tras una prolongada deliberación, con acompañamiento de Chirife, las integrantes del Tribunal resolvieron aplicar la pena privativa de libertad de 7 y 5 años para los 3 acusados y que luego de ese tiempo, sean llevados a otra comunidad para no afectar la armonía del grupo afincado en la colonia de Hernandarias.
