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ASUNCIÓN.- Ayer inició el censo penitenciario para obtener datos sobre la condición en la que se encuentran los internos de las distintas cárceles a nivel país. El Ministerio de Justicia (MJ) afirmó que los resultados del relevamiento de datos servirán para trazar programas de reinserción social. Las actividades arrancaron en el Penal Industrial Esperanza, ubicado dentro del predio de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Según el último reporte oficial del 2016, existen 13.000 privados de libertad en infraestructuras con capacidad de solo 6.643.
Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aportó recursos humanos y tecnológicos al MJ para la realización de un censo de personas privadas de libertad, como paso previo para solucionar la situación de hacinamiento en las cárceles del país.
El organismo provee a los 70 funcionarios las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo, así como el servidor informático de la institución para el almacenamiento de la información recolectada.
Además, colaboró con la cartera de Justicia en la organización de un ciclo de capacitaciones a los censistas que visitarán los centros penitenciarios de todo el país, con objeto de actualizar los datos de las personas privadas de libertad, que incluyen entre otras cosas, las causas judiciales y el estado de salud de los reclusos.
CON LOS DATOS, BUSCAN OPTIMIZAR LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN
El Ministerio de Justicia afirmó que con los datos recabados con el censo a los internos penitenciarios servirá para planificar las acciones puntuales para “optimizar los programas de reinserción”, así como para solucionar el problema de hacinamiento.
En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional había anunciado que estudiaría a fondo la situación del sistema penal, después de recibir un informe del estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que denunciaba la situación de aglomeración.
Del estudio se desprende que dicha situación es provocada, principalmente, por la alta tasa de presos preventivos que existe en el país, donde un 79 por ciento de los encarcelados carecen de condena.
Las últimas cifras oficiales, correspondientes a 2016, arrojaban que la población penitenciaria alcanzaba las 13.000 personas, pese a que sus infraestructuras de reclusión sólo tienen capacidad para albergar a 6.643 internos.
