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La interventora de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, María Carolina Llanes, y auditores de la Contraloría General de la República, están coaccionando a los funcionarios supriores de la Comuna para generar pruebas contra la gestión de la suspendida intendenta Sandra McLeod. El pasado jueves 10 de enero todos ellos fueron llamados a una reunión donde trataron de hacerles firmar documentos, cuyos contenidos no se les permitió analizar, denunciaron. La presencia de los abogados de Sandra con un escribano impidió que los mismos suscriban las actas.
CIUDAD DEL ESTE. Los funcionarios supriores de la Comuna alertaron a los abogados representantes de la intendenta suspendida, que se les quiere obligar a firmar escritos, cuyos contenidos no les permiten analizar y menos aún ver los documentos que prueban supuestas irregularidades. El objetivo sería generar evidencias de supuestos malos manejos de la cosa pública de la institución municipal.
Los abogados de Sandra denunciaron la grave situación e indicaron que es un perverso plan que trajo la interventora bajo el brazo de Asunción.
Los abogados Bernardo Villalba y Eduardo González se constituyeron de urgencia a la sede de la comuna el pasado jueves 10 de enero, cerca de las 15:00, cuando la sede comunal ya estaba cerrada al público. Adentro, la interventora en forma silenciosa y con total secretismo llamó a una reunión a todos los funcionarios superiores. Junto a Llanes estaban auditores de la Contraloría General de la República.
Tenían varios documentos, serían actas, los cuales querían que se les firme, bajo amenaza, de acuerdo con los datos. El abogado González dijo que se trató de un caso de coacción.
Sin duda el horario de la reunión y la forma en que se convocó no dejan duda de que es una maniobra más, buscando generar pruebas contra la intendenta suspendida, dijo Villalba.
Los representantes de Sandra McLeod exigieron estar en la reunión como establece la Ley 317/94, ante la presencia de los mismos, todo el plan se habría abortado, aunque algunos funcionarios, habrían firmado los documentos, de acuerdo con los datos.
El abogado González dijo que la interventora no puede obligar a nadie a firmar ningún documento y que la misma en forma sistemática ignora la Ley 317/94 y de acuerdo a su humo quiere aplicar las normas legales, cuando esto no corresponde.
El equipo de asesores de la intendenta suspendida analiza presentar una denuncia contra la interventora por daños patrimoniales, causado a la institución comunal por unos 5 mil millones de guaraníes. Esto en relación al descuento del 12% que dieron a los contribuyentes morosos, contraviniendo las normas legales.
