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Un grupo de 41 funcionarios municipales fue despedido ayer de la Municipalidad de Ciudad del Este. La interventora, María Carolina Llanes, ordenó a la Policía Nacional controlar el ingreso de los trabajadores municipales, recordando los nefastos años de la temible Policía de la dictadura stronista. La exjueza dijo que los cesados, por fin de contrato, son planilleros, pero todos cumplían funciones desde hace años en la institución. Matilde Rodríguez, con una antigüedad de 24 años, es fiscal de Medio Ambiente y Julián Acuña hace 19 años es seguridad en la sede comunal, son algunos de los afectados. Dirigentes sindicales denunciaron que fueron humillados nuevamente y que se trata de un capítulo más de la persecución política.
CIUDAD DEL ESTE.- Por disposición de la interventora, ayer un grupo de efectivos de la Policía Nacional se instaló en el principal portón de acceso al edificio de la Intendencia Municipal para controlar el ingreso de los trabajadores de la comuna. Tenían una lista de 41 personas que ya no podían entrar, porque fueron despedidos. Feneció el contrato de los mismos.
La escena que se observa en la comuna hacia recordar los nefastos años de la dictadura stronista, en la que los uniformados eran usados por los mandamás de turnos para perseguir a trabajadores y ciudadanos.
Muchos contribuyentes, quienes acudieron temprano a la sede comunal, al ver cómo la Policía controlaba a todos los que entraban, decidieron retirarse, indicando su extrañeza por la situación y condenando la actuación policial. Mientras otros dijeron que se trata de un abuso.
La orden de Llanes era que la Policía, como en la época de la dictadura, exija documentos y realice a un cateo no solamente a los trabajadores, sino a todos, incluyendo a los contribuyentes.
Luego, la interventora trató de justificar la persecución política, que la misma comenzó, pese a que en varias ocasiones aseguró que no haría tal cosa. Pero mintió.
“Estamos en una depuración de la planilla de funcionarios, responsabilizamos a los jefes y pedimos a cada área la evaluación de desempeño para renovar o no los contratos”, indicó Llanes.
Confirmó que “hay más de 40 personas cuyas tarjetas fueron ya retiradas del reloj. Los propios encargados confirmaron que no asisten, algunos ni siquiera son conocidos, son planilleros”.
Entre los rajados por la interventora Llanes está Matilde Rodríguez, fiscal de Medio Ambiente, con antigüedad de 24 años; Julián Acuña, quien es seguridad hace 19 años, y Liz Rosana Vera, también funcionaria de la Dirección de Medio Ambiente, hace 10 años.
De acuerdo con los datos, la interventora no conoce a ninguno de los despedidos, y que actuó en base a los datos que le dieron integrantes de su equipo, que son operadores del movimiento Colorado Añetete.
