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MINGA GUAZÚ.- El grupo de los autodenominados “sintechos” que atropelló una propiedad privada de 20 hectáreas en el km 29 del distrito de Minga Guazú están “tranquilos”, levantan sus chozas y realizan limpieza en el lugar, sin que nadie les moleste. Esto debido a la inacción de la Fiscalía, que con anterioridad había imputado a 65 personas que ocuparon la parte posterior del inmueble, pero a la hora de la acusación llamativamente pidió suspensión condicional del procedimiento. Ahora, pese a la existencia de una nueva ocupación, en la parte loteada y administrada por una inmobiliaria, el Ministerio Público no toma carta en el asunto.
Lo supuestos “sintechos” ocuparon el inmueble que está loteada y administrada por la inmobiliaria Raíces. El predio está ubicado en el kilómetro 29 Monday, al costado de la ruta internacional número 7. En el 2015, otro grupo de invasores había ocupado la mitad del terreno, en la parte posterior.
La propiedad tiene una dimensión de 20 hectáreas, está individualizada como finca 10239 y hace más de tres décadas que pertenece al señor Víctor José Agüero González, quien asegura tener en reglas las documentaciones. Los invasores serían todos vecinos del lugar, según la denuncia que obra en la subcomisaría 52ª del barrio Piroy del kilómetro 30.
Los invasores se muestran tranquilos, pese al atropello a la propiedad que hicieron y a sabiendas que constituye un hecho punible penado por la legislación. Esto debido a que la inacción de la Fiscalía, que resolvió no acusar al primer grupo que invadió la parte trasera del inmueble. Inicialmente, el Ministerio Público había imputado a 65 supuestos invasores. Sin embargo, a la hora de presentar el requerimiento conclusivo llamativamente la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la suspensión condicional del procedimiento.
Con este accionar del Ministerio Público, se les da impunidad a los autodenominados sin techos, y debido a eso siguen registrándose invasiones a propiedades privadas. Como siempre, y en este caso, los que atropellaron el terreno alegaron que no hay título de propiedad, o ellos mismos alegan que es “falso” para seguir cometiendo barbaridades ante la desidia de las autoridades.
Los cabecillas de los invasores del kilómetro 29 serían Basilio Parra Leiva y Wilfrido Báez González, presidente y vicepresidente de la comisión del Asentamiento Niño Jesús.
Los citados, días previos a la invasión, se reunieron con varias personas en un tinglado ubicado en las inmediaciones y planearon supuestamente el atropello a la propiedad privada, de acuerdo a los informes arrimados a este diario.
Los ocupantes habrían argumentado que el inmueble no le pertenece al señor Víctor Agüero. Sin embargo, en el 2015 la jueza en lo civil de Ciudad del Este, Máxima Meza, había ordenado el desalojo de un centenar de invasores, que ocupó la parte del fondo del inmueble.
En aquella oportunidad, los presuntos “sintechos” fueron sacados a la fuerza del lugar y las precarias viviendas desmanteladas. Aunque meses después, los mismos ingresaron nuevamente a la finca. Entonces el afectado realizó la denuncia en el Ministerio Público y la fiscal Analía Rodríguez intervino en el hecho.
La citada agente pública se constituyó en el lugar y advirtió a los ocupantes a que abandonen la finca o de lo contrario serían aprehendidos y procesados por la Justicia. Como no salieron del sitio, la representante del Ministerio Público inició un proceso penal en contra 65 de ellos, que fueron plenamente identificados. No obstante, luego la Fiscalía no acusó a los invasores, quienes igualmente debieron ser procesados por desacato a una orden judicial, considerando que la magistrada Máxima Meza, en su resolución, le prohibía acercarse al inmueble.
