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La ex titular de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, de la Defensoría del Pueblo, Judith Rolón, está siendo investigada por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción a cargo del fiscal Martín Cabrera, por posibles delitos de desvíos de fondos por un valor de G. 200 millones. Raramente, Rolón firmó un convenio con la EBY para alquilar una “casa para las víctimas”, donde, llamativamente, el propietario del inmueble, es nada más y nada menos que su propio hermano, Hernán Rolón.
ASUNCIÓN.- La denuncia fue presentada el año pasado por el actual Defensor del Pueblo Miguel Ángel Godoy. Según los antecedentes expuestos por Godoy, Rolón como directora general de Verdad, Justicia y Reparación, había firmado un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el 22 de mayo de 2012, para fomentar la cooperación y asistencia con recursos humanos, económicos y otros, que permitan fortalecer la promoción de los Derechos Humanos.
El denunciante sostiene que durante la administración anterior a cargo de Judith Rolón, se firmó un convenio con el Centro de Documentación y Archivo “La casa de las víctimas”, el 5 de setiembre de 2011.
En tanto, Godoy afirma que el Centro de Documentación tiene como director a Hernán Rolón, hermano de Judith, y que el local donde funciona “La casa de las víctimas”, sería propiedad de este mismo director, por lo que se sospecha que habría un descomunal desvío de fondos, utilizando a las víctimas del stronismo para cometer el ilícito.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo nada tiene que ver con el Centro de Documentación y Archivo “La casa de las víctimas”, como para que Rolón haya favorecido, primero con la firma del convenio, y luego, con el envío de G. 200 millones para el pago de alquiler y de otros gastos del Centro de Documentación.
Con estos argumentos, el fiscal Cabrera investiga posibles delitos perpetrados por la ex titular general de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, Judith Rolón, sospechada de supuestamente haber desviado unos G. 200 millones a sus bolsillos, en contubernio con su hermano.
La acción penal que enfrenta Judith Rolón revela el esquema corrupto en el que se desempeñaban las autoridades anteriores de la Defensoría del Pueblo, que se en nombre de las víctimas de la dictadura stronista, lucraron con millones de guaraníes, en detrimento de las propias víctimas y en el peor de los casos, los stronistas deberían de haber pagado todo el daño hecho a tantas personas en aquella negra historia de la República del Paraguay.
No obstante, el caso se encuentra en manos del Ministerio Público que debería procesar a todas aquellas personas que “metieron la mano en la lata”, que antes que beneficiar a las víctimas, causaron un tremendo daño moral y económico a la patria, con el firme y malintencionado propósito de “adueñarse de lo ajeno”. Los responsables de este hecho, deben ser castigados con el máximo rigor de las leyes, de lo contrario, seguirán habiendo casos de esta laya.
ABSURDA DEFENSA DE ROLÓN.
La exdirectora de Verdad, Justicia y Reparación, Yudith Rolón Jacquet, está siendo procesada por supuestamente haber desviado unos G. 200 millones y en tal sentido afirmó que es víctima de una persecución política e ideológica por parte de las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, sus argumentos no convencen, teniendo en cuenta que existen documentos que la comprometen seriamente en hechos irregulares contra la institución y el Estado paraguayo, según refiere el actual titular de la Defensoría del Pueblo, Ángel Godoy.
La ex funcionaria, en otro momento, explicó que mientras estuvo al frente de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, no cobró ninguna indemnización, pero sus parientes sí, pues como herederos de víctimas tenían el derecho, ya que todos estuvieron presos durante el stronismo. Asimismo, en su absurda defensa, Rolón indicó que no puede prohibir a sus parientes que cobren las indemnizaciones por ser víctimas de la dictadura, solo por el cargo que ocupó.
Expuso además que comprende los cuestionamientos hacia quienes cobran ese beneficio, pero se preguntó “por qué no se objeta al Estado que no haya, por ejemplo, recuperado los bienes malhabidos”, dijo.
